Culpa a las autoridades de muertes a manos de policías

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Por Kirsis Diaz

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El ex fiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno responsabilizó este jueves a la Policía Nacional y al Poder Ejecutivo de las constantes muertes de ciudadanos a manos de policías.Moreno se refirió en esos términos tras la muerte el pasado martes del joven José Alfredo González Pichardo, quien fue impactado de varios disparos por agentes policiales durante las recientes manifestaciones en Navarrete.Entrevistado en el programa televisivo El Despertador que se transmite por Antena Latina canal 7, el dirigente político señaló que esa práctica violenta de los oficiales parece formar parte de una política de Estado respaldada por el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien dijo debe ser destituido.En torno a este caso, el ex candidato presidencial por el Movimiento Independiente Unidad y Cambio (Miuca) deploró que exista un silencio, complicidad y subordinación por parte de las autoridades que no reaccionan ante esas acciones criminales.“Estamos ante algo de mucha gravedad, porque aunque estamos en una sociedad en la que podemos hablar, hay una indiferencia oficial frente a la preservación efectiva de los derechos de los ciudadanos”, manifestó Moreno.Argumentó que esos actos ponen en cuestionamiento la vigencia en el país de un Estado de derecho, donde todos sean iguales frente a la ley.Recordó que la Policía es el cuerpo encargado de preservar el orden “pero resulta que se ha convertido en gran violadora de la ley y desorganizadora de la sociedad desencadenando, que con justa razón, la gente se movilice y proteste por el derecho a defender la vida de un ciudadano”, expresó.“Lo que vimos en Navarrete fue una ejecución, porque balear a un ciudadano y luego dejarlo morir es una parcimonia y una actitud criminal, porque no es la primera vez que un ciudadano es baleado en las piernas y luego dejado desangrarse”.Guillermo Moreno llamó a la población a no ceder ante las autoridades sino denunciarlo y hacerle sentir al Gobierno que las muertes a mano de oficiales tienen un costo político.