Preocupan distorsiones en contrato de Loma Miranda
¿Camina el país hacia su más radical depredación ambiental?
¿Camina el país hacia su más radical depredación ambiental?
7dias.com.do
La relativa facilidad con la que el Estado dominicano está aprobando concesiones mineras, quizá ignorando las consecuencias de la actividad de la empresa beneficiada, comienza a preocupar seriamente a la opinión pública.
En esta ocasión toca a Loma Miranda, entorno acuífero, de fauna y flora de la zona, única en el área del Caribe, localizada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, que sería explotada por nuevas empresas mineras ante la extinción de la vida útil de las existentes, y solo espera la aprobación gubernamental. Las protestas de diversos grupos comunitarios y ambientalistas no se han hecho esperar.
Cincuenta años de explotación de ferroníquel por la empresa canadiense Falconbridge han dado por resultado la disminución gradual de la vida útil de esta mina, que fue adquirida en 2007 por Xstrata PLC, una compañía de capital suizo que en 2005 obtuvo un pequeño porcentaje de participación en el capital del conglomerado minero.
Las minas actualmente bajo explotación comprenden las lomas Peguera y Ortega; adicionalmente, FALCONDO trata de conseguir el permiso de explotación de Loma Miranda, proyecto del que se dice se han manipulado cifras para presentarlo como ambiental y económicamente rentable para el país. Su viabilidad se extendería por 20 años, afirma la empresa, pero especialistas opinan que ese plazo iría tan solo de tres años, mínimo, y cinco años, máximo.
Al menos de esto está convencido el abogado e investigador Rafael Puello, quien afirma que las cifras relativas al proyecto de explotación de Loma Miranda han sido manejadas. Él trata de demostrar lo que denomina “trama monstruosa” de mentiras orquestada en Falcondo, con el apoyo y confabulación de su casa matriz, Xstrata PLC.
La relación impacto ambiental y beneficios económicos, expresada en generación de impuestos, empleos y otros beneficios marginales, constituyen el atractivo principal para un gobierno que, aparentemente, desconoce el procedimiento para transparentar este tipo de negociaciones.
La relativa facilidad con la que el Estado dominicano está aprobando concesiones mineras, quizá ignorando las consecuencias de la actividad de la empresa beneficiada, comienza a preocupar seriamente a la opinión pública.En esta ocasión toca a Loma Miranda, entorno acuífero, de fauna y flora de la zona, única en el área del Caribe, localizada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, que sería explotada por nuevas empresas mineras ante la extinción de la vida útil de las existentes, y solo espera la aprobación gubernamental. Las protestas de diversos grupos comunitarios y ambientalistas no se han hecho esperar.
Cincuenta años de explotación de ferroníquel por la empresa canadiense Falconbridge han dado por resultado la disminución gradual de la vida útil de esta mina, que fue adquirida en 2007 por Xstrata PLC, una compañía de capital suizo que en 2005 obtuvo un pequeño porcentaje de participación en el capital del conglomerado minero.
Las minas actualmente bajo explotación comprenden las lomas Peguera y Ortega; adicionalmente, FALCONDO trata de conseguir el permiso de explotación de Loma Miranda, proyecto del que se dice se han manipulado cifras para presentarlo como ambiental y económicamente rentable para el país. Su viabilidad se extendería por 20 años, afirma la empresa, pero especialistas opinan que ese plazo iría tan solo de tres años, mínimo, y cinco años, máximo.
Al menos de esto está convencido el abogado e investigador Rafael Puello, quien afirma que las cifras relativas al proyecto de explotación de Loma Miranda han sido manejadas. Él trata de demostrar lo que denomina “trama monstruosa” de mentiras orquestada en Falcondo, con el apoyo y confabulación de su casa matriz, Xstrata PLC.
La relación impacto ambiental y beneficios económicos, expresada en generación de impuestos, empleos y otros beneficios marginales, constituyen el atractivo principal para un gobierno que, aparentemente, desconoce el procedimiento para transparentar este tipo de negociaciones.
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