WASHINGTON.- La justicia de EEUU rechazó hoy la
apelación del presidente Donald Trump para mantener el veto migratorio que
impide la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
La Fiscalía General de Washington informó hoy, en su
cuenta de Twitter, de esta decisión judicial contra el recurso presentado por
Donald Trump.
El gobierno de Donald Trump inició ayer un proceso de
apelación de la decisión de un juez federal que este viernes suspendió la
aplicación del veto migratorio impuesto por la Casa Blanca a los ciudadanos de siete
países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen).
En un breve documento presentado ante la Corte de
Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California), Trump
y su gabinete apelaron formalmente la decisión judicial que ha bloqueado
temporalmente la polémica orden ejecutiva y ha abierto de nuevo las puertas del
país a millones de inmigrantes y refugiados.
La notificación de apelación se presentó en nombre de
Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; el secretario de
Estado, Rex Tillerson; y los Estados Unidos de América.
Todos ellos "apelan por la presente ante la
Corte de Apelaciones del Noveno Distrito la decisión del 3 de febrero" que
"restringe la aplicación de parte de la orden ejecutiva del 27 de enero
para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros", según la
notificación presentada ante el tribunal.
Tras esta decisión de la Corte de Apelaciones, el
Gobierno de Trump puede ahora recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que
muchos expertos consideran probable.
La máxima instancia judicial del país se encuentra
actualmente dividida entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros
cuatro de inclinación progresista, dado que el Senado aún no ha aprobado a un
noveno magistrado que podría ser crucial para deshacer un posible empate en un
caso de alto perfil como éste.
La batalla contra el veto migratorio de Trump la
iniciaron dos estados de EEUU, los de Washington y Minesota, que argumentaron
ante la Justicia que el decreto era anticonstitucional porque provocaba
discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera
Enmienda de la Carta Magna. EFE
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