Por Roberto Álvarez.
Como dijera en la introducción,
prácticamente toda la atención en relación al tema migratorio se ha centrado en
el muro fronterizo con México, las deportaciones de indocumentados, criminales
y miembros de pandillas, y más recientemente sobre el rechazo y caos creado por
la orden ejecutiva que prohibió la entrada a EE.UU. a los nacionales de 7
países predominantemente musulmanes y cuya puesta en vigencia fue detenida por
cortes federales.
Sin embargo, poco se ha dicho
sobre la grave amenaza que, para República Dominicana, Haití, Cuba, México, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en particular, representaría una
sustancial reducción de las visas de inmigrantes -las residencias permanentes-
que se han basado para nuestros países desde 1965, en uno de los criterios
centrales de la ley migratoria de EE.UU., la reunificación familiar.
Probablemente porque se desconoce
la magnitud que esas residencias permanentes han significado para los países
citados; visas que han servido como válvula de escape sociodemográfica y enorme
subsidio para las economías y élites a raíz de las voluminosas remesas que
estas han generado. Hemos crecido bajo la égida de esta realidad y simplemente
nos hemos habituado a ella.
No nos hemos percatado que varias
de las promesas migratorias de Trump tienen un sustento real y apoyo en buena
parte del pueblo estadounidense. Por ejemplo, de acuerdo a una encuesta de
opinión del respetado Pew Research Center, la mitad de los estadounidenses
desean una reducción de la inmigración y 8 de cada 10 personas (82%) consideran
que el sistema migratorio requiere cambios profundos o debe ser completamente
reestructurado[47].
Uno de los principales ideólogos
en materia migratoria en el equipo de Trump es el ya confirmado Procurador
General de la República, el ex senador de Alabama Jeff Sessions, ratificado
después de un acalorado debate en el Senado en el cual fue acusado de
racista[48].
Sessions ha sido uno de los más
firmes y vocales opositores a todo tipo de inmigración a EE.UU. y se le señala
como uno de los precursores del movimiento populista al cual Trump se enganchó
y le dio voz. Steve Bannon, el estratega principal de Trump, reconoció en una
entrevista en el diario Político en junio del año pasado que: “ya fuese con el
tema del comercio, de la inmigración o del islam radical, Jeff Sessions ha sido
el líder del movimiento, mucho antes de que Donald Trump entrara en
escena”[49].
El fiscal general Sessions es el
mismo que en 2006 dijo en el Senado de EE.UU. que: “El 95% de los inmigrantes
que viene de República Dominicana a Estados Unidos son aprobados por vínculos
familiares, iniciando una migración en cadena basada en preferencias de
familia; casi nadie viene porque tiene una habilidad demostrable, que nos
beneficie, y que indicaría su probable éxito en nuestra sociedad” y añadió
“están creando documentos falsos, y los matrimonios fraudulentos no son
perseguidos o castigados en ese país”[50].
Trump ha prometido una revisión
de las normas migratorias proponiendo la creación de una comisión con el
objetivo de llevar a cabo una reforma integral al sistema para lograr los
siguientes propósitos: mantener los niveles migratorios, medidos en proporción
a la población, dentro de los estándares históricos y seleccionar a los
inmigrantes en base a la probabilidad de su éxito en EE.UU. y su capacidad de
ser autosuficientes en materia financiera[51].
La persona que ahora dirigirá el
proceso de reforma a las leyes de migración de 1965 y de 1990 será el fiscal
general Sessions.
La ley de inmigración y
nacionalidad de 1965 abolió las cuotas nacionales que desde 1921 habían
favorecido a los europeos, en particular a tres países -Alemania, Irlanda y el
Reino Unido- que recibieron un 70% de las visas disponibles y la reemplazó con
un sistema que enfatizaba la reunificación familiar e inmigrantes calificados.
A partir de 1965, cambiaron los
flujos migratorios a Estados Unidos. En la actualidad, predomina el ingreso de
latinoamericanos y asiáticos, y los europeos son solo un 10% del total. Un 51%
de los inmigrantes desde el 1965 han sido latinos[52].
Entre 1965 y el 2015 ingresaron a
EE.UU. un total de 59 millones de personas, elevando la proporción de personas
nacidas en el extranjero a casi un nivel record de 14%. Un 55% del crecimiento
poblacional de EE.UU. en esos años se ha debido a los inmigrantes y sus descendientes,
añadiendo 72 millones a la población y llevando el total de 193 millones en
1965 a 324 en 2015. De acuerdo al Pew Research Center, ese gran aumento “ha
reconfigurado (la) composición racial y étnica” de Estados Unidos[53].
La ley de 1965 se fundamentó
primordialmente en el otorgamiento de visas de inmigrantes para las familias y
el empleo, pero eximió de los límites establecidos a los esposos, padres e
hijos menores de ciudadanos estadounidenses. “Esa exención…significó que aproximadamente
unas tres cuartas partes de las visas fueron para familiares de los que ya
estaban en EE.UU., colocando el énfasis de la política migratoria en la
reunificación familiar”[54].
La reforma migratoria de 1990
hizo un intento por aumentar el número de visas para inmigrantes altamente
cualificados y educados, pero solo logró incrementar esa categoría de un 9% en
1990 a un 15% en 2014, ya que mantuvo la exención antes señalada para los
familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Por su parte, las visas de
inmigrantes para la reunificación familiar solo descendieron de un 68% a un 64%
en el mismo periodo[55].
Mientras tanto, desde el 1990,
las economías de EE.UU. y mundial han evolucionado dramáticamente con los
cambios tecnológicos y las transformaciones de los mercados, pero la ley
migratoria de EE.UU. ha permanecido estática por 26 años. En consecuencia,
aspectos cruciales de la ley están seriamente desfasados en relación a la
oferta y la demanda global, dada las necesidades de una economía tan dinámica y
competitiva como la de Estados Unidos.
Si bien, como dijera, un 51% de
los inmigrantes desde el 1965 han sido latinos, esta cifra general enmascara la
realidad de que pocos países latinoamericanos se han beneficiado del grueso de
las residencias permanentes; esos pocos serían los más afectados ante un cambio
en la ley migratoria que reduzca las visas de inmigrantes, limitando la
categoría reunificación familiar. Esto así, ya que la abrumadora mayoría -más
del 90%- de las residencias permanentes latinoamericanas han sido conferidas
bajo esa preferencia.
El Gráfico interactivo 7 contiene
las residencias otorgadas por década desde 1970 a 2015, a los siete primeros
países del mundo. Como se puede observar, México ha sido el primer beneficiario
en cada período con un total -en los 46 años- de 6,974,586 residencias. El
segundo país de la región en favorecerse ha sido Cuba con 1,914,137, cifra que
incluye también las visas otorgadas a los refugiados bajo la ley de ajuste
cubano; este remanente de la guerra fría fue derogado por Obama en su última
faceta “pie seco, pie mojado”, el pasado 12 de enero[56]. El tercer país
latinoamericano ha sido República Dominicana con un total de 1,304,989
residencias permanentes.
Si se omiten las residencias recibidas
por cubanos a través del privilegio excepcional de la ley de ajuste, República
Dominicana es el primer país entre los listados en residencias per cápita en
relación a su población. Fuente Acento.com
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