SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De los 14
proyectos que ha manejado el conglomerado brasileño Odebrecht, en los 16 años
que ha operado en República Dominicana, por lo menos 10 sufrieron
modificaciones en sus presupuestos o adendas, que les han costado al Estado
dominicano unos 830 millones de dólares más del presupuesto original destinado
para esas obras, de manera injustificada.
Tal es el caso del Acueducto Línea Noroeste, obra
iniciada en gobierno de Hipólito Mejía, la cual costaría a los contribuyentes
US$ 220 millones, terminó su construcción con un valor de US$ 251, 500, 000. Es
decir, un 14 % más del monto contratado.
Situación similar ocurrió en el proyecto de
construcción de la Hidroeléctrica Palomino, que en un principio se planteó en 225
millones de dólares. Sin embargo, en su inauguración, se conoció que había
costado unos US$ 400 millones; es decir US$ 175 millones por encima de su costo
inicial.
La Hidroeléctrica Pinalito, la cual se programó para
costar US$ 131 millones, concluyó en 300 millones de dólares, es decir, 169 millones
más al momento de su inauguración, o visto de otra forma, más de un 129 % al
monto inicial.
Otro trabajo adjudicado a Odebrecht y que experimentó
cambios en su precio fue Ecovías de Santiago, para el cual se dispondría
de US$ 270 millones. Parte de este proyecto vial fue la reconstrucción de la
Circunvalación Norte, la cual se había estimado en 49 millones de dólares, pero
terminó costando 138 millones, 181 % más que el monto inicial. Hasta la fecha,
no se ha revelado el costo final del proyecto.
La constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un
escándalo internacional de corrupción por el pago de coimas en diferentes
países – 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y
África, incluido Brasil – desembolsó 92 millones de dólares en la
República Dominicana a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” entre 2001
y 2014, y como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares,
según denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También los precios de los acueductos de Samaná y
Hermanas Mirabal fueron incrementados. El primero por US$ 60 millones, pasando
de un presupuesto de US$ 115 millones a US$ 175 millones, y el segundo pasó de
US$ 51 millones a US$ 110 millones, para una adenda de 59 millones de dólares.
En el caso del acueducto de Samaná, el aumento correspondió a un 52 %, mientras
que el de Hermanas Mirabal fue de un 115 %.
“La ley de compras y contrataciones es muy clara y
establece porcentaje de un 25 por ciento sobre el cual se puede hacer un
addendum que incremente el monto. Pero en varias de las obras de Odebrecht
tenemos que es más del 100 por ciento”, asegura Carlos Pimentel, miembro de la
institución no partidista Participación Ciudadana, quien señala estos
incrementos como una clara irregularidad que a los controles del estado
dominicano.
Destaca que si bien, la posibilidad de una adenda a
una obra no es una irregularidad, ya que se trata de una modificación dispuesta
en la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, los proyectos ejecutados por
la empresa, cuyo presidente fue condenado en Brasil por corrupción, no han
tenido una justificación y además superan el porcentaje establecido en la
normativa.
La ley de compras y contrataciones establece en su
artículo 31, numeral dos, que se
podrá modificar, disminuir o
aumentar hasta un veinticinco por ciento del monto del contrato original
de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando
se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de
iniciarse el proceso de contratación, y esa sea
la única forma de satisfacer plenamente el interés
público.
“Si varía en un monto superior, probablemente estamos
hablando de que no hubo las previsiones necesarias, que no hubo niveles de
planificación y que estamos probablemente a la ejecución de una obra distinta a
la que se planteó en el contrato original”.
Todo sobre Odebrecht
El nueve de julio del 2009, durante un acto
encabezado por el entonces presidente Leonel Fernández, junto al ministro de
Obras Públicas de su gobierno, Víctor Díaz Rúa, dio inicio la construcción del
Corredor Duarte, una ambiciosa obra de ingeniería compuesta por seis elevados y
un túnel, con los cuales se agilizaría el tránsito en la entrada y salida de
Santo Domingo hacia la zona norte del país, y que según el mandatario, tendría
un costo superior a los US$ 163 millones, dinero que sería obtenido a través de
un préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social
(BNDES), de Brasil.
Un año después del anuncio de la construcción del
proyecto, el ministro de Obras Públicas indicó que costo total sería de US$ 204
millones. Sin embargo, los trabajos ejecutados por el Consorcio Corredor
Duarte, formado por la firma Odebecht y la dominicana Ingeniería Estrella,
concluyeron en casi US$ 300 millones.
Díaz Rúa, en declaraciones a los medios el miércoles
9 de febrero del 2011, justificó el
incremento del costo por la inclusión de dos elevados no contemplados en el
diseño original y el túnel que llega hasta la Universidad Autónoma de Santo
Domingo desde la avenida Ortega y Gasset.
No obstante, al momento del anuncio del Corredor
Duarte en 2009, se informó que el viaducto estaba incluido en el proyecto.
“Lo que se está presentando es un gran desorden y
esto se presta a malos manejos, a desviación de fondos y a mala planificación,
lo que no tiene porqué ocurrir”, indica el economista Miguel Ceara Hatton,
quien señala que las adendas no han sido justificadas.
Al igual que Carlos Pimentel, el también director de
Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indica que si bien
es normal que obra tenga que ajustar los precios en los costos, en el país se
ha mantenido de manera sistemática el incremento del costo de las obras en un
50 o 100 por ciento de lo que se licita. Fuente Acento.com
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