Por Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta
En Casa Abierta recibimos informaciones frecuentes de familias que
buscan apoyo en esta institución para alguno de sus miembros usuarios de
drogas. Nos informan que han tenido que pagar para liberar a uno de sus
miembros que ha sido detenido en posesión de drogas. Parece incluso que
hay una tarifa que va desde cinco mil pesos en adelante. Pero también
nos dicen que simplemente se detiene a la persona, generalmente joven, y
se le amenaza con un expediente de drogas sino pagan su libertad. Y la
familia tiene que buscar de cualquier forma para que esta persona no sea
fichada por un delito que no ha cometido. Es el colmo del abuso, al
peor estilo de las mafias organizadas, aplicado por personas investidas
de autoridad.
El caso reciente del activista de la marcha verde contra la
corrupción y la impunidad, Juan Comprés, es solo una muestra más de la
vergüenza que está sucediendo día a día en nuestro país con el tema de
las drogas. Nos muestra además que en República Dominicana las drogas
también se usan como recurso de control político. Esto pone en
evidencia que la supuesta lucha contra las drogas en nuestro país es
frecuentemente un recurso para el chantaje, la extorsión, y ahora
también la represión política. ¿Qué hubiera sido de este señor si una
cámara indiscreta no hubiera grabado el momento en que un policía
introduce la droga en su vehículo?
Pero este caso alcanzó notoriedad por tratarse de esta persona. Son
innumerables las personas anónimas que diariamente son sometidas a este
procedimiento para luego exigir pago. Las familias no tienen el
apoyo que recibió el activista social, por lo que no tienen otro camino
que ceder al chantaje y la extorsión. Lo hemos dicho muchas veces, esta
es una política inhumana que solo produce daños. Se insiste en medidas
represivas y de control, que son fácilmente neutralizadas por la
corrupción, fuente del poder que ostenta el negocio de las drogas
ilegales.
Mientras en estas sociedades sus dirigentes asumen con
responsabilidad el tema de las drogas, como acaba de hacer el congreso
de México respecto a la marihuana, la República Dominicana se mantiene
en un atraso absurdo, enfocado en penalizar, criminalizar, victimizar,
justamente a las personas sanas y a las posibles víctimas del problema
que son las personas consumidoras. Nuestros dirigentes no solo privan a
la sociedad de los beneficios para la salud y la investigación
científica de sustancias como la marihuana, como se acaba de hacer en
México, sino que además mantienen una política negadora de derechos.
Nueva vez insistimos en la necesidad de un cambio de mirada de
nuestras autoridades. Ya son otros tiempos en que las drogas eran vistas
como demonios, lo que ha generado política basadas en el miedo, pero
también estos entramados corruptos. Las drogas, lo sabemos, son
peligrosas cuando su uso es abusivo, por lo que necesitan un tratamiento
inteligente, enfocado en reducir la demanda, la investigación, en la
prevención y los tratamientos, la formación de profesionales. Enfocado
en la salud y el respeto a los derechos y dignidad de las personas.
¿Hasta cuándo nuestras autoridades van a mantener esta política que es
supuestamente contra las drogas, pero que en realidad es contra las
personas y la sociedad misma?
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