CARACAS.- La oposición venezolana lanza este domingo
su mayor desafío al Gobierno del presidente Nicolás Maduro con la convocatoria
de una consulta calificada de ilegal desde el oficialismo en la que espera que
el pueblo se pronuncie masivamente contra el proceso constituyente impulsado
por el chavismo.
Convocada por la oposición con el aval del Parlamento,
que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno
atropella la democracia, el plebiscito tiene el respaldo de importantes actores
del tejido económico, cultural y civil del país.
Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad
la ruptura completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con buena
parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo -que pregunta también a los venezolanos
si quieren la convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan
la Constitución vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el
diputado oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y lo tacha
de "plan golpista".
Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que
diga el Supremo, un tribunal acusado de servir al Gobierno de Maduro cuya
legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la fiscal general, Luisa Ortega,
que también se ha rebelado contra un Gobierno al que recrimina convertir al país
en un "estado policial" y practicar "terrorismo de Estado".
Pese a que ha dejado clara la magnitud de la afrenta
al Estado y a la Revolución bolivariana que el referendo supone, Maduro no ha
adelantado hasta ahora represalias para quienes vayan este domingo a las urnas,
como sí prometió actuar contra los que boicoteen el 30 de julio la elección de
la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto en marcha.
Sin embargo, y para tranquilizar a quienes temen
posibles castigos -a través del sistema de distribución estatal de alimentos o
a los empleados en empresas públicas-, los impulsores del plebiscito se han
comprometido a quemar las papeletas y las listas de participación para que no
lleguen a manos del Gobierno.
En estas circunstancias, la mayor inquietud apuntada
por opositores y críticos de Maduro viene de los llamados "colectivos",
grupos civiles de chavistas armados que algunos consideran "paramilitares"
del Gobierno y han asaltado el Parlamento e intimidado a manifestantes
antichavistas en los últimos meses.
Su posible presencia en las calles preocupa sobre
todo en las zonas tradicionalmente chavistas, en las que el oficialismo niega
el menor malestar con el Gobierno y donde la oposición tiene su principal reto
cerca de dos años después de la mayoría absoluta las legislativas de diciembre
de 2015, las últimas celebradas en la nación caribeña.
Al llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar
'sí' a las tres preguntas se han sumado importantes sectores de la sociedad
civil como la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), sindicatos
no oficialistas, organizaciones estudiantiles y algunas de las universidades más
prestigiosas del país.
Uno de los más sólidos apoyos viene de la Iglesia
venezolana, que ha cedido sus instalaciones para la votación y ha reconocido la
legitimidad de este referendo contra una Constituyente cuya apuesta por el "Estado
comunal" es vista por los obispos como una vía a la "constitucionalización
de una dictadura comunista" en Venezuela.
La consulta cuenta con el dinamismo que le dan los
miles de ciudadanos volcados en las labores organización como voluntarios,
quienes han puesto a disposición del referendo mesas, sillas, comercios y automóviles
para desplazar votantes.
Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y al
no estar auspiciada por el Poder Electoral, carece de algunos mecanismos de
control y no puede asegurar que los ciudadanos no voten más de una vez por
persona en todos los centros del país o del extranjero, donde tienen permitido
expresarse sin importar dónde están inscritos como votantes.
Los líderes de la coalición opositora han apelado a
la conciencia de los venezolanos que vayan a pronunciarse para que no depositen
más de una papeleta.
Para contrarrestar estas informalidades propias de la
naturaleza misma de una consulta organizada contra el Poder Electoral y el
Gobierno, los convocantes han encargado a cinco rectores universitarios del país
que actúen como garantes, y miles de voluntarios harán de interventores
siguiendo el proceso en las mesas.
A este mayor rigor pretende contribuir también la
presencia como observadores, a invitación cursada por el Parlamento, de
diputados y expresidentes de otros países, como el mexicano Vicente Fox y el
colombiano Andrés Pastrana.
Consiga la oposición o no movilizar a una parte
importante de los venezolanos contra la consulta, la mayor cuestión vendrá el
lunes: cómo hacer valer unos votos que no están reconocidos por los poderes
llamados a hacerlos efectivos. 7Dias.com
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