SANTO DOMINGO.- Expertos en los procesos de
desarrollo de la minería a nivel mundial coinciden en la necesidad de
establecer un marco regulatorio adecuado que proteja los beneficios sociales y
económicos generados por la explotación minera, mediante la implementación de
políticas que creen adecuadas y mejores condiciones de garantías a las
operaciones mineras existentes e incentivar nuevas inversiones en el sector.
Establecen, además, que un adecuado régimen
regulatorio no solo debe tomar en cuenta la naturaleza riesgosa de la industria
minera, sino que también debe definir claramente las políticas de sostenibilidad
ambiental y el uso sustentable de los recursos, de atracción de capital
extranjero, de estabilidad fiscal y jurídica así como de compartimiento de los
beneficios y contrapartidas.
El tema fue puesto en discusión a propósito del
anteproyecto de Ley Minera presentada por el Ministerio de Energía y Minas al
Poder Ejecutivo para su ponderación y eventual sometimiento al Congreso
Nacional y fue debatido ampliamente por expertos en el marco del seminario “El
Futuro de la Minería en República Dominicana”, organizado por la Mesa Redonda
de los países de la Mancomunidad, con el apoyo de la Cámara Minera y Petrolera
dominicana.
El anteproyecto es evaluado por el Poder Ejecutivo en
medio de ojerizas y amenazas de desatar una nueva oleada de presiones de
sectores opuestos a la minería, encabezados por ecologistas, grupos sociales,
ONGs, políticos, comunicadores y hasta sacerdotes.
El comunicador Ricardo Nieves, el político de
izquierda Narciso Isa Conde --hermano del ministro de Energía y Minas, Antonio
Isa Conde- y grupos comunitarios de las provincias Monseñor Nouel y La Vega,
hicieron duros pronunciamientos la última semana contra la explotación de
yacimientos de ferroniquel por parte de la empresa internacional Falcondo y en
defensa de que Loma Miranda sea declarado parque nacional por el Poder
Ejecutivo, mientras el Gobierno evalúa su decisión sopesando el costo político
que podría representarle las acciones de los movimientos de protesta.
La industria minera está tipificada como una empresa
de altos riegos, alta intensidad de capital y largos períodos de desarrollo por
lo que un marco regulatorio claro que ofrezca estabilidad y garantías de la
inversión, es fundamental para atraer capitales, contrario a la creencia
popular inducida de que la inversión en minería es altamente riesgosa. Por la
naturaleza de la industria, el período de exploración minero se extiende entre 12
y 15 años y es como 'un boleto de lotería', pues sólo un 15% llega a la etapa
de explotación, a lo que se suma el efecto cíclico de los beneficios que genera
la industria, que se rige por los precios internacionales de los commodities.
El seminario
Durante el seminario, Ricardo Monte Alto, jefe de
Minería y Metales para las Américas de la firma consultora Wood
Mackenzie,destacó la necesidad de garantizar la estabilidad del marco
regulatorio para atraer el capital extranjero, mediante la generación de una
buena percepción sobre el país como destino de inversión, la eliminación de la
discrecionalidad en el marco normativo para disminuir la percepción de riesgo y
la creación de políticas claras de compartición de beneficios con la comunidad.
Para Guillermo Villanueva, representante de la
Corporación Financiera Internacional (IFC), los aspectos más importantes en la
meta de convertir a República Dominicana en un destino de inversión atractivo
en la industria minera son: establecer un régimen tributario atractivo y
rentable, pero al mismo tiempo justo; facilidad e igualdad para obtención de
permisos; mecanismos para poder resolver disputas entre instituciones y una
legislación clara y que se cumpla; así como infraestructura y logística básicas
que sirvan de apoyo; un capital humano minero calificado; y garantía de estándares
sociales y ambientales altos.
La propuesta de una nueva ley minera, presentada por
el Ministerio de Energía y Minas al Poder Ejecutivo, contiene una serie de
planteamientos que, a juicio de los entendidos en la materia, afectarían
seriamente la sostenibilidad del sector minero nacional, la pérdida de unos 40
mil empleos, contribuciones al fisco por $1,300 millones de dólares así como
competitividad a la República Dominicana.
En el seminario los expositores hicieron énfasis en
la importancia de proteger los beneficios sociales y económicos generados a
partir de la minería, mediante la implementación de mayores esfuerzos para
crear adecuadas y mejores condiciones que garanticen las operaciones mineras
existentes e incentiven nuevas inversiones en el sector.
El marco jurídico de una nueva ley minera debe
descansar en las garantías del desarrollo y competitividad, acorde a las
tendencias internacionales de buenas prácticas ambientales, operativas y de
mercado, pero lo que hemos visto es que en la forma en que ha sido planteado el
proyecto "afectaría la sostenibilidad del sector minero y la
competitividad del país".
En ese contexto, el director de G-Red Watercreeck
partner, Ramón Tarragó, destacó la importancia de definir el destino de los
recursos mineros y alinearnos con las estrategias de desarrollo de las
localidades donde operan las minas, así como de evitar el nacionalismo extremo,
si se quiere desarrollar la industria de manera sostenible.
“El nacionalismo extremo es una fuente de
desequilibrios fiscales, por lo que es necesario crear un balance entra cada
una de las partes (Estado e inversionistas), considerando la ecuación riesgo-retorno.
En ese sentido tenemos ejemplos de legislaciones exitosas que han logrado ese
equilibrio como los casos de Ecuador y Quebec, Canadá”, enfatiza el
especialista.
Este último caso es referido por el Charles Riopel,
director de la firma canadiense de inversión Latitude 45, como un ejemplo de
una localidad con una de las mejores jurisdicciones del mundo, que estuvo a
punto de ser arruinada por políticas mineras nacionalistas, con un gran impacto
negativo. Esta realidad llevó a esta demarcación canadiense a pasar de ser la
jurisdicción número uno en el mundo (2008-2011) a la número 21 en el 2014 y
provocó una reducción drástica de los gastos en exploración.
Tras los efectos negativos de las políticas
implementadas en la industria, el Gobierno de Quebec se vio en la obligación de
crear nuevas garantías, con lo que logró ascender nuevamente, hasta alcanzar el
8vo lugar en el 2015 y luego al 6to lugar en el 2016. En esta localidad, la
minería ha generado más de 400,000 empleos y una participación de 3.4% en el
producto interno bruto.
“Esta experiencia deja una lección aprendida: los
inversionistas son muy sensibles a cambios en las políticas en materia de minería,
ya que las inversiones fácilmente se irán de una jurisdicción con políticas de
alto riesgo a una jurisdicción de menor riesgo- “, señaló Riopel.
Refiere que el nacionalismo ciego sobre los recursos
ignora tanto el ciclo como el riesgo asumido en la inversión minera, mientras
que un nacionalismo pragmático de recursos equilibra los ingresos y las
inversiones, mediante políticas que maximicen los ingresos del Estado sin
alejar la inversión.
Asimismo, la economista Jacqueline Mora destacó que
en los países mineros la inversión extranjera para el desarrollo de esa
industria ha tenido un impacto significativo en la atracción de otros tipos de
inversión por parte de países que ya tienen una experiencia de negocio bajo un
esquema de garantías claras.
Minería en RD
República Dominicana ocupa el lugar 92 de 105 zonas y
países mineros evaluados el Índice de Atractividad de la Inversión Minera,
realizado por el Instituto Fraser, el cual está compuesto por el potencial geológico
y la percepción respecto a las políticas.
Según el economista Jochi Vicente, esta posición
representa una oportunidad para el país de elevar su posicionamiento en la
industria minera mundial mediante políticas de incentivo a la inversión.
A pesar de que República Dominicana no es un país
eminentemente minero, los minerales representan el 40.9% de las exportaciones
nacionales y el 18.1% de las exportaciones totales del país; además de que la
minería es la segunda actividad económica con mayor nivel de inversión
extranjera directa (IED), con una representación el 18.0% en el período 2010–2016,
y recaudaciones tributarias por RD$56,693 millones entre 2012 y 2016.
Vicente destacó que el porcentaje de las
exportaciones nacionales correspondientes a esta actividad económica es casi
equivalente a los países con tradición minera, como Chile.
El economista enfatiza que el impacto positivo de la
industria extractiva se ve reflejado en las tendencias que proyectan las
provincias mineras en los indicadores de desarrollo humano, que presenta
resultados sustancialmente mejores que el promedio nacional. Monseñor Nouel es
la tercera provincia con el índice de desarrollo humanos más alto del país, y
en Sánchez Ramírez ha habido un aumento de este indicador tras el inicio de las
operaciones de extracción de oro y plata.
La falta de reglas de juego consistentes e
igualitarias en el país, es una preocupación del también economista Ernesto
Selman, quien resaltó el efecto negativo de esa realidad en la confianza de los
inverionistas y destaca la necesidad de identificar el destino de la inversión
de los recursos mineros, para lo que propone la creación de un fondo que sólo
se pueda invertir en infraestructura. “La idea es que los recursos sean un
activo para crear otros activos, no para gastos corrientes”, refirió Selman.
En el debate sobre las políticas adecuadas que debería
implementar República Dominicana para convertirse en un destino más atractivo
para inversión en la industria minera, el jurista Luis Rafael Pellerano nos
llama a reflexionar en la siguiente cuestión ¿qué país quiere República
Dominicana tomar de referencia y qué tiene que hacer para llevar la minería
nacional a nivel de ese punto comparativo? La respuesta a esta interrogante
ofrece una pista clara sobre el tipo de regulación que debería tener el país. 7Dias.com
0 comentarios:
Publicar un comentario