El doctor Julio Cury consideró que el
Consejo del Poder Judicial debe investigar a la magistrada Margarita
Cristo Cristo por “haberse llevado de encuentro” la normativa procesal
penal en la audiencia en que se conoció la solicitud de nulidad de la
investigación que por corrupción y lavado de activos realiza la Fiscalía
del Distrito Nacional en contra del ex ministro de Obras Públicas,
Víctor Díaz Rúa.
Cury expuso en un comunicado enviado a
la prensa que el artículo 71.3 del Código Procesal Penal le reconoce
expresamente competencia a las cortes de apelación para conocer las
recusaciones de los jueces de primera instancia, y que en virtud del
art. 82 del mismo texto el juez recusado debe remitirla a la corte de
apelación correspondiente.
“El art. 82 dispone que es el tribunal
competente el que resuelve la recusación dentro de los siguientes tres
días, por lo que bajo ninguna circunstancia ella podía retener el
conocimiento del proceso sin que antes la recusación de que fue objeto
fuera conocida y decidida por la corte de apelación del Distrito
Nacional”, sostuvo.
Manifestó que la jueza Cristo Cristo
“masacró” el art. 69 de la Constitución, que entre las garantías del
debido proceso incluye el derecho a ser oído por una jurisdicción
competente. “Al erigirse en jueza de su propia recusación, le negó a la
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional el derecho de que su petición
fuese escuchada y resuelta por el tribunal competente”.
Cury consideró que la mencionada
jueza deslegitimó su actuación, sembrando la impresión, como lo
denunció Yeni Berenice Reynoso, de que ciertamente existe un “maridaje”
entre ella y Díaz Rúa. “Lamentablemente nuestra legislación no consagra
el delito de prevaricación judicial, pero es tiempo ya de que los fallos
que excedan la mera ilegalidad producto de una interpretación legal
errónea o discutible, sean sancionados penalmente”.
Sin embargo, se expresó de acuerdo con
que decisiones notoriamente infundadas como la que habría dictada Cristo
Cristo motiven investigaciones disciplinarias. “Lo cierto es que cuando
se sanciona a un juez que actúa con déficit de imparcialidad o que
vende miserablemente su conciencia, se envía un mensaje alentador que
abona a la cultura de la legalidad y al Estado de Derecho”, expuso el
jurista.
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