Fue violada de niña, maltratada por su marido y ejerció la
prostitución. Pero cuando Jacqueline Montero asuma como diputada en agosto, las
trabajadoras sexuales tendrán una voz única en la legislatura.Es una mujer que
conoce de primera mano sus penurias y que está dispuesta a impulsar leyes
llamadas a causar revuelo en esta nación mayormente conservadora.
Montero, de 46 años, se crio en la casa de una cuñada de su
madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar. Se casó a los 16 años
con un hombre que la golpeaba y terminó haciéndose prostituta.
“Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida) porque
tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale con el
primero (hombre) que aparezca”, dijo Montero en la oficina de una organización
de asistencia a prostitutas que encabeza, amoblada con lo básico y en cuyas
paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y certificados
de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales a las
que ha asistido.
“Si no me hubiesen violado cuando yo era niña y los adultos
me hubiesen creído, no hubiese sido trabajadora sexual”, dice la mujer que
habita en la empobrecida zona de Haina, quien se prostituyó durante casi unan década
luego de que su marido la abandonó tras varios años de maltratos.
Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió una
paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que la
dejó postrada en cama ocho meses. En 1998 se puso a estudiar enfermería
mientras seguía ejerciendo la prostitución y comenzó a involucrarse en el
activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía
principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.
Profundamente religiosa, más adelante estudió la
licenciatura en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014.
Hoy es madre de 15 hijos, incluidos tres biológicos, dos de
ellos de un cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras
sexuales que pretendían abortarlos.
Ahora, después de una década de activismo y haber sido
regidora (concejal) en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias
para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso.
Confía que con su propia historia, narrada en un libro que
recopila biografías de trabajadoras sexuales, va a concienciar a los diputados
y al país sobre la crudeza del trabajo sexual y hacerles entender que las
prostitutas “no llevan una vida alegre, que una no elige para gozar; sino que
es una vida terrible”.
Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San
Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras
los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política del país, trabaja en
la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las
prostitutas y para crear oportunidades laborales a las mujeres jóvenes a fin de
evitar que se involucren en el trabajo sexual.
O para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la
garantía de tener una posibilidad de empleo.
“Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan
seguridad social, seguro médico” y sean beneficiarias de los programas
gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que
prepara.
En otro proyecto, Montero propondrá crear centros de
capacitación laboral y de asistencia legal y psicológica para que las
trabajadoras sexuales puedan buscar nuevas opciones y dejar la prostitución.
El proyecto se basa en los programas que Montero comenzó a
desarrollar como regidora y a través del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu),
una organización no gubernamental que ella preside, con financiamiento de
donaciones de organizaciones religiosas e internacionales y el apoyo de
instituciones del Gobierno. Para Darío García, director ejecutivo de la Coalición
ONG-Sida, la elección de Montero es “un éxito de la sociedad civil” porque
representará en el Congreso a los grupos vulnerables que están “más expuestos a
la violencia, a la humillación y al sida”.
La nueva diputada será la encargada de presentar un proyecto
de ley coordinado por la institución del Gobierno encargada del VIH para
prohibir y penalizar la discriminación contra grupos vulnerables, como la
comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexueales y transexuales), los trabajadores
sexuales, los envejecientes y personas con sida. Fuente El Caribe
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