El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, fue quien
dio a conocer esta disposición y quien advirtió que el servidor público que no
presente este documento antes del 30 de noviembre, se estará interpretando “como
una renuncia a sus funciones”.
“Todos los funcionarios públicos que, por mandato de la
Constitución y la ley, estén obligados a presentar su declaración jurada de
patrimonio y no hayan cumplido con su obligación en tiempo y forma, quedarán
excluidos de la nómina pública a partir del 1 de diciembre”, señala una carta
dirigida a los servidores, firmada por Montalvo. El presidente Danilo Medina
fue quien dio la instrucción.
De acuerdo con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de
Patrimonio, están obligados presentar este documento los funcionarios del
Gobierno encargados de dirigir las instituciones, desde el presidente de la República
hasta tesoreros municipales, ministros, viceministros, gobernadores
provinciales, alcaldes y vice, el rector y vicerrector de la UASD, una inmensa
lista que se resume en quienes administren fondos públicos, con categoría
directiva.
El documento ha de ser depositado a la Cámara de Cuentas
dentro de 30 días siguientes a la toma de posesión. También están obligados a
rendir cuentas los funcionarios salientes, en un plazo de 30 días. La lista más
actualizada (4 de noviembre) que tiene este organismo contabiliza a una
limitada cantidad de 212 funcionarios que han entregado fuera de tiempo su
declaración. Los funcionarios designados, electos, reelectos y cesantes que aún
no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio son 3,444 servidores
públicos y si se incluyen los vocales, la cifra asciende a 4,727.
Esta disposición alcanza a los organismos del Poder
Ejecutivo. De los 4,727 solo 70 fueron designados por decreto. De los demás
cargos electos o de otros poderes (dígase los diputados y senadores, los jueces
de la Suprema Corte de Justicia y las altas cortes), Montalvo mostró su deseo a
que se sumen a esta disposición.
Desde la Presidencia se advirtió que los esfuerzos no serán
escatimados para que cada funcionario público cumpla lo obligado.
La carta distribuida a los medios indica que éste es un
seguimiento y una muestra de las decisiones del Gobierno, de “actuar con
firmeza para garantizar que las instituciones públicas actúan como ejemplo en
el cumplimiento de la ley, sin excepciones”.
Los dos extremos: de RD$695 millones a nada
En las declaraciones de bienes del presidente,
vicepresidenta y los ministros se han visto los dos extremos, desde funcionarios
que no declararon nada, como el ministro de Administración Pública, Ramón
Ventura Camejo, a tener RD$695,319,298, fue el caso del canciller Miguel Vargas.
Le sigue Donald Guerrero (RD$634,039,907), Gonzalo Castillo (RD$509,174,673),
José Ramón Peralta (RD$253,872,895) y Jean Alain Rodríguez (211,094,690). Fuente
El Caribe
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