República Dominicana. – El debate sobre el aborto
sigue polarizando la opinión pública de la República Dominicana, donde esta práctica
está totalmente prohibida, aunque cada año, de manera clandestina, se realizan
miles de abortos poniendo en riesgo la vida de las mujeres, que claman por su
despenalización.
El presidente dominicano, Danilo Medina, ha pedido al
Congreso Nacional (bicameral) en dos ocasiones despenalizar el aborto cuando el
embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando sea resultado de violación
o incesto o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero.
Las observaciones de Medina, sin embargo, han sido
rechazadas por el Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), la última de ellas el pasado 31 de mayo. De esta manera, las
personas condenadas por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de
entre 2 y 10 años, según lo aprobado por el Senado en mayo pasado.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, que
lo remitió, a su vez, a la Comisión de Justicia, que recomendará al pleno del
hemiciclo mantener la penalización del aborto. Así lo informó este martes el
presidente de dicha comisión, Henry Merán, quien señaló a periodistas que el
rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo “está fundamentado en el articulo 37 de
la Constitución de la República Dominicana, que establece el respeto a la vida
desde la concepción hasta la muerte”.
El tema será conocido el próximo 13 de julio en la Cámara
de Diputados, que decidirá si mantiene la penalización del aborto o, de lo
contrario, lo permite en las circunstancias planteadas por el presidente
dominicano.
Desde mayo pasado, cuando el Senado decidió mantener
la penalización del aborto, el país ha sido escenario de varias manifestaciones
de mujeres que reclaman a los legisladores despenalizar el aborto, una
solicitud que ha logrado el respaldo de organizaciones internacionales como
Amnistía Internacional y Oxfam.
Precisamente, este martes, ambas organizaciones
insistieron en su llamado a la Cámara de Diputados dominicana para que
incremente su compromiso para “asegurar los derechos de las mujeres y niñas a
la salud, a la vida, a la dignidad y al disfrute de la salud sexual y
reproductiva”, y que despenalice el aborto.
A la vez, indicaron, que “sólo siete países en las Américas
mantienen una prohibición absoluta del aborto. Lamentablemente, la República
Dominicana sigue siendo uno de ellos”.
Las Iglesias, especialmente la católica y la evangélica,
piden a los legisladores mantener la prohibición del aborto, sin excepción.
La República Dominicana es uno de los países de la
región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo,
parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que
el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los
abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República
Dominicana.
Datos de organizaciones locales defensoras de los
derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000
abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se
realiza clandestinamente.
Mientras van saliendo cifras de los efectos de la
criminalización del aborto en el país, los defensores de los derechos de la
mujer mantienen la vista puesta en los diputados, que el 13 de julio decidirán
si dan paso o no a este reclamo de una parte de la sociedad. EFE
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