SANTO DOMINGO.-La crisis de la salud va de mal en
peor sin que el Gobierno actúe en consecuencia, afirmó este lunes la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) tras
revelar que cerca de tres mil niños recién nacidos morirán este año por la baja
calidad de los servicios sanitarios.
La entidad explicó que eso significa un incremento de
un 31% en las muertes neonatales con relación al año 2017, a lo que se suma la
prevalencia de altas tasas de mortalidad materna y de enfermedades catastróficas
y de altos costos, como son el cáncer,
la diabetes, las cardiopatías y las enfermedades renales
“ADESA está muy preocupada ante el agravamiento de la terrible crisis de
salud del país, la cual se traduce en muertes y proliferación de enfermedades
prevenibles. Lo peor de esta situación
es que Gobierno continúa actuando como si nada estuviera pasando y no escucha
las voces que claman por un cambio de rumbo en la política sanitaria”, expresó Alba
Reyes, coordinadora general de esa coalición de 56 organizaciones sociales.
Dijo que el
solo hecho de saber que este año morirán en los hospitales públicos más de tres mil niños con menos de un mes
nacidos debería ser motivo para declarar en estado de emergencia la salud pública
y volcar hacia este sector todos los recursos que sean necesarios.
Lamentó que lejos de priorizar la atención estatal en
salud, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto
para el 2019 en el que increíblemente se reduce la partida destinada a este
sector, para limitarla a un 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que
equivale a menos del 45% de la inversión promedio en América Latina.
La organización solicitó a la Comisión Bilateral que
conoce el proyecto de Presupuesto enmendar el error cometido por el Poder
Ejecutivo y en consecuencia elevar las partidas destinadas a salud en
correspondencia con lo establecido en la ley de Estrategia Nacional de
Desarrollo, vigente desde el año 2012.
ADESA está muy consciente de que incrementar la
inversión en salud, por sí solo, no
sacaría el sistema de la quiera en que se encuentra. Además es necesario sacar
la politiquería y la corrupción de los hospitales aumentar sustancialmente la
capacidad gerencial y administrativa, mejorar la rectoría y la coordinación
intersectorial y priorizar el primer y segundo niveles de atención, entre otras
medidas
Asegura que es obvio que fracasaron las reformas de
salud iniciadas a principios de siglo, las cuales prometían el acceso universal
a los servicios de salud de calidad de manera oportuna. A 18 años de esas
reformas, el 70% de la población sigue atendiéndose exclusivamente en los cada
vez más ineficientes hospitales públicos, donde el desorden y las carencias
predominan.
Gabino Hernández, otro vocero de ADESA, dijo que el primer nivel de atención en salud está en
el piso y explicó que solamente se han
creado 1,800 unidades de atención primarias de unas cinco mil que necesita el
país. Las existentes operan con grandes precariedades: locales inapropiados,
personal extremadamente limitado, pocos
equipos y medicamentos y sin ningún presupuesto. Menos del 1% del
presupuesto de salud se destina a educación y promoción.
También reveló que existe un déficit de unidades de cuidados
intensivos superior al 60%, con el
agravante de que las existentes están concentradas en el gran Santo Domingo y Santiago. En ninguna de las diez
provincias de la región Sur hay salas de cuidados intensivos. Por esta causa
muchas personas mueren tras sufrir un accidente cardiovascular, un accidente de
tránsito o sufrir cualquier otro problema de salud que requiera de atención
especializada urgente.
La mayoría de los centros de salud también operan con
déficit de personal, especialmente de enfermeras y médicos especialistas. De
acuerdo a los estándares internacionales, en el país deberían existir 9
enfermeras por cada 10 mil habitantes. Solo tienen un tercio de esa cantidad.
En el régimen contributivo del Seguro Familiar de
Salud (SFS) hay cerca de cuatro millones de personas afiliadas. No obstante a
que éstas pagan religiosamente para obtener aseguramiento, cuando necesitan de
atenciones de salud deben pagar adicionalmente un promedio del 42% de sus
costos. Para ADESA se trata de un atraco contra los trabajadores.
La entidad entiende que el sistema de salud es altamente
excluyente, discriminatorio. Favorece los negocios y desampara a los
pobres, “la mejor evidencia de esta
afirmación la encontramos en cualquier hospital público, donde conseguir una
cita con un especialista o un turno para una cirugía es como sacarse la lotería”.
Dijo que ante esta dramática situación, el pueblo y
sus organizaciones estamos obligados a luchar y a exigir un cambio profundo en
la política de salud del Estado. Se
requiere de una nueva reforma, con un enfoque de derecho, que tenga como
objetivos garantizar servicios universales y de calidad en la atención,
incrementar la inversión en salud en la proporción contemplada en la ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo, acabar con la dispersión y la falta de
liderazgo de las instituciones pública del sector y garantizar la participación
de las organizaciones sociales en los mecanismos de cogobierno. Periódico EL Día
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