SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “¡Y si hay que
matarlo, lo matamo’ y ya!”, dijo un agente de la Policía Nacional como reacción
final a la negativa de un ciudadano que defendía sus derechos.
El pensamiento feroz e irracional quedó desparramado
en los últimos segundos de una fílmica de casi cuatro minutos y medio, hecha
por el ciudadano ya detenido en la vía, y cuya identidad se desconoce.
El vídeo – que se suma a una larga lista de
grabaciones en las que se evidencia un exceso por parte de la Policía – recoge
el momento en el que un joven es cuestionado por los agentes del orden, debido
a que éste se negó a que su vehículo fuera revisado por los policías, debido
que no poseían una orden judicial y porque les hizo entrega de copias de sus
documentos de identidad, licencia de conducir y seguro.
El reporte inicialmente publicado en Acento.com.do
señala que ante la negativa del conductor, los agentes le señalan que debían
dirigirse al destacamento más cercano – el de la avenida Cayetano Germosén, le
explica uno de los policías, lo cual acepta el conductor –. Es en ese instante
que se aproxima otro agente – aparentemente vestido de civil – que no tarda en
verter amenazas.
“Me voy a poner bruto”, advierte el agente, a manera
de ultimátum, seguido de las peticiones de sus compañeros para que mantuviera
la calma. “Quiero su licencia y su cédula. Yo soy el oficial aquí”, suelta aún
agresivo, a la vez que le ordena al conductor salir del vehículo, encontrando
otra negativa.
“Si se va, explótale la goma”, sentencia. “Salga de
ahí, le estoy hablando”, espeta el oficial que ahora responde al nombre de
Basilio, quien se muestra insistente a pesar de las reiteradas peticiones de
sus compañeros para que mantenga la calma.
Unos segundos después, uno de los miembros de la
Policía le explica al joven cómo llegar al destacamento, sin ceder a la presión
del superior, que protesta porque su orden de que le “vaciara la goma” no fue
acatada, encontrando nuevamente por parte de sus compañeros, la recomendación
de que se conserve la serenidad.
“¡Y si hay que matarlo, lo matamo y ya!”, dice sin
pudor, calificando casi de inmediato de “ladronazo” al intervenido.
De fallos y aciertos
El politólogo y especialista en políticas públicas de
seguridad ciudadana, Daniel Pou explica que tanto el conductor como los
miembros de la Policía Nacional, cometieron errores al momento de la detención,
fruto del desconocimiento de ambas partes.
De entrada, Pou indica que el único documento que
puede ser entregado o mostrado como fotocopia, es la matrícula del vehículo,
por lo que los originales de la cédula, licencia y seguro, deben ser
presentados de ser requeridos, según lo establecen las leyes dominicanas.
“El intervenido no tenía razón cuando se niega sus
documentos originales”, subraya.
Tampoco tuvo la razón el ciudadano al negarse a salir
del vehículo. El ciudadano podía ser cacheado y revisado por la policía, al
momento de identificarse, preferiblemente con su cédula y licencia de conducir
en la mano.
Sin embargo, el joven sí tuvo razón al no permitir la
requisa de su vehículo, debido a que sólo se puede llevar a cabo este proceso
con la presencia de un miembro del Ministerio Público, siendo la única excepción
que el vehículo y su conductorparticipen en una situación ilícita y sea
atrapado en delito flagrante.
“La Policía se considera con autoridad para hacer
requisa de vehículos sin presencia del Ministerio Público, y esto no es cierto”,
enfatiza.
Según Pou, los ciudadanos tampoco se encuentran en la
obligación de permitir el ingreso de los agentes en sus vehículos. En ese caso,
lo que corresponde es que de entender que hay elementos suficientes de una
situación anormal, los agentes decidan apresarlo.
Daniel Pou: Los retenes policiales no son contrarios
a la ley, siempre y cuando los agentes se identifiquen debidamente y le
expliquen a la persona la razón por la que lo están interviniendo.
“Ahí tienen que notificarle a la persona que va a ir
detenida”, sostiene el experto. “No necesariamente tiene que ir en su propio
vehículo. Ellos lo pueden llevar en su vehículo – de la Policía – y asumir la
responsabilidad del vehículo hasta que llegue el Ministerio Público, para luego
proceder a la incautación, que solo se hace bajo el levantamiento de un acta”.
Este documento debe ser elaborado por el Ministerio Público
en el lugar de la intervención.
La comunicación por parte de los oficiales también
falló, ya que estos no expresan de manera clara cuál es el motivo de la
intervención, ya sea de tránsito o sospecha de un delito.
Deber de los agentes
El experto en seguridad, Daniel Pou, advierte que los
policías no tienen permitido hacer comentarios denigrantes o amenazantes en sus
operaciones, aun cuando se trate de una persona con historial criminal,
altamente sospechosa o incluso capturada en flagrante delito.
Sobre este aspecto, destaca que aunque los agentes
tienen el deber de preservar la integridad de la persona intervenida, la mayoría
de los policías no operan con protocolo, ya que hacen las intervenciones como
si se tratara de un acto persona a persona, no de institución a ciudadanos.
“Los niveles de intercambio de diálogo fueron mal
manejados, porque fueron manejados prácticamente como un enfrentamiento
personal, y nunca debió llegar hasta ahí”, plantea. “El policía tiene que
mantenerse en el elemento institucional, no personal”.
Daniel Pou:
El policía no se considera un servidor, se considera una persona con el poder
para someter a los ciudadanos a una posición de antojo que se desprende de su
voluntad personal.
También piensan que tienen “cancha abierta para hacer
lo que consideran”, sin saber que deben conservar y observar ciertas distancias
con la persona, entre ellas abstenerse de hacer comentarios que puedan herir
susceptibilidades personales, como los que se escuchan en el vídeo.
Con esas acciones, los agentes pierden de manera
automática el rol que le corresponde, convirtiéndose así en una amenaza.
“El policía no tiene porqué hacer comentarios ni
emitir juicios. Sencillamente debe guiarse por su protocolo y avisarle a la
persona en cada momento que será detenido, conducido, pero no pasar de ahí”,
asevera.
Asegura que de no cumplir con esto, los agentes podrían
ser pasibles de ser sometidos por amenazas o intento de agresión a la persona.
En lo que respecta al vídeo, Pou sostiene que grabar
la requisa es una acción libre y legal, en la que tanto los ciudadanos como los
miembros de la Policía Nacional, tienen el derecho de crear un registro visual
del proceso, especialmente cuando se trata de acciones que no son reñidas con
las leyes. En ese caso la fílmica sería una evidencia de la calidad de su papel
y comportamiento.
Los agentes tampoco pueden resistirse a ser grabados,
ya que quienes se realizan intervenciones en las calles, tanto selectivas como
al azar, no desarrolla labores que requieran discrecionalidad de su identidad.
Otro inconveniente que tiene la ciudadanía frente a
los agentes es la falta de homogeneidad en los uniformes que utilizan los
agentes que participan en las intervenciones.
Adicionalmente, deben estar provistos de elementos
visibles, como placas, que permitan su pronta identificación por parte de los
ciudadanos.
Grabados en el acto
El avance de la tecnología ha permitido, en más de
una ocasión, poner en evidencia acciones por parte de agentes de la Policía
Nacional que son cuestionables.
Sólo basta con una búsqueda rápida en cualquier
navegador de Internet para toparse con numerosos casos en los que el accionar
de quienes tienen por misión ser garantes de la seguridad ciudadana, es
excesivo, a veces con resultados fatales.
Daniel Pou: “Lamentablemente, nuestra Policía no
tiene, salvo honrosas excepciones, el entrenamiento suficiente para mantener
una posición de distancia con el intervenido”.
Tal es el caso del raso Manuel Merán Maldonado, quien
murió frente a su esposa embarazada en Arroyo Hondo, luego de recibir un
disparo en la cabeza durante un incidente con una patrulla de la Policía
Nacional, cuando – según consta en la solicitud de medida de coerción depositada
por el Ministerio Público en julio de este año – se rehusó a ser víctima de un “macuteo”
(expresión de la corrupción policial en la que se pide dinero a un ciudadano
mediante la intimidación, extorsión o en abuso de su posición) por parte de sus
compañeros.
El deceso de Merán Maldonado fue grabado por las cámaras
de seguridad de un residencial cercano.
Por el caso, los rasos Francis Acosta Martínez y
Arturo Lorenzo Báez, el cabo Nicairo Marte Solano y el sargento mayor Isidro de
Jesús Mejía, fueron cancelados y puestos a disposición de la justicia.
Otro caso, aunque sin consecuencias trágicas, fue el
de un conductor de una motocicleta tipo “pasola”, detenido por agentes de la
Policía Nacional, cuando viajaba hacia su trabajo en la Maternidad de la Mujer.
Tras revisar los documentos, que se encuentran en
orden, según el conductor, uno de los oficiales le informa – sin dar
explicaciones – que su vehículo sería llevado al destacamento, justo antes de
darse cuenta de que posee una cámara de grabación.
La actitud de los agentes, que hasta el momento había
sido imponente, cambia cuando el joven les asegura que lo que está ocurriendo
está siendo registrado en Facebook.
Sin embargo, la duda y el temor por parte de la
población sobre cómo actuar ante una detención o intervención son constantes,
debido principalmente al desconocimiento de sus derechos y deberes, así como el
de los agentes, y el uso por parte de los miembros de la Policía Nacional de un
autoritarismo que merma la confianza de las personas en los agentes, y que deja
a la ciudadanía en un estado de indefensión.
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