El procurador, Jean Rodríguez, advirtió que continuará
actuando drásticamente contra los intentos de ejecutar embargos irregulares y
dijo que solicitarán que vayan a prisión quienes participen o tengan alguna
vinculación con esta nociva práctica.
Rodríguez se expresó en estos términos al ponderar la
resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente
de Santo Domingo Oeste, que impuso tres meses de prisión preventiva contra tres
de cuatro imputados por el intento de embargo ilegal ocurrido el pasado jueves
en la empresa Hormigones Tavares Industrial, donde inclusive se produjo una
balacera.
El procurador general destacó la presteza con que
ante este deplorable hecho actuó la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la
dirección de su fiscal titular Eduard López, que apenas horas después de lo
ocurrido y de divulgarse un vídeo a través de las redes sociales localizó y
puso bajo arresto a todos los involucrados.
Los imputados con prisión preventiva son Osvaldo De
León García, José Rafael Riera Castellano y Luilli Yovani Reyes, quienes deberán
cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Por su vinculación a este caso también es procesado
el imputado Francisco Miliano Reyes, cuya audiencia para el conocimiento de
medidas de coerción fue aplazada para el 18 del presente mes.
Ley que regule fuerza pública
El máximo representante del Ministerio Público afirmó
que para a poner control a la ejecución de embargos es urgente convertir en ley
el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública que reposa en el
Congreso, haciéndole las modificaciones que sugirieron en torno a esa pieza
legislativa.
En este orden, resaltó que las sugerencias para esta
iniciativa legal se hicieron al Congreso Nacional desde la Unidad de Desarrollo
Legislativo y Regulatorio de esta Procuraduría General de la República, entre las
que figura, el fortalecimiento de la estructura del otorgamiento y ejecución de
la fuerza pública.
También, fue sugerido el establecimiento de mayores
requisitos al momento de solicitarla, sin perjuicio de la necesaria fase de
conciliación que coloque a las partes en igualdad de conocimiento, sin que esto
signifique un espacio para distraer bienes, sino más bien para evitar
arbitrariedades y mala práctica de la ejecución; y, por supuesto a cargo del
Ministerio Público, como ente representante de la sociedad y canalizador de la
ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la
fuerza pública.
Sobre el intento de embargo
Con relación a este caso, el Ministerio Público
informó que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a
los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66
y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados.
Durante la audiencia la Fiscalía de Santo Domingo Oeste
presentó distintas evidencias materiales, ilustrativas y documentales que
fueron tomadas en cuenta para la imposición de la prisión preventiva, como
medida de coerción.
La institución indicó que el hecho ocurrió el día 13 del
presente mes, alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los citados imputados
y otras personas hasta el momento no identificadas, se presentaron a la empresa
Tavares Industrial, del sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, y
escenificaron una balacera donde resultó herido el imputado Luilly Yovanni.
Fuente Diario Libre
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