La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) aseguró que en el proyecto de reforma constitucional que será presentado en el Congreso Nacional se pretende eliminar un artículo que mermará la autonomía del Consejo Superior del Ministerio Público.
La entidad aseguró que se ha generado un malestar general con la propuesta de eliminación del artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana, donde se instituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público.
Precisa que el proyecto de Ley que declara la necesidad de reformar la Constitución plantea relegar ese órgano constitucional a un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que a su juicio mermar su autonomía o, incluso, desaparecerlo.
“Esto ha sido una sorpresa para los fiscales, pues en las motivaciones del proyecto de Ley no se explica cuáles son los motivos por los cuales se está tomando esta medida en contra del Consejo de los fiscales, el cual es una figura establecida como espejo del Consejo Superior del Poder Judicial, debido a que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuentan con autonomía e independencia como parte del fortalecimiento del estado social democrático de derecho”.
Indicó que, pese a que han sido llamados 50 abogados al Palacio Nacional para discutir este proyecto de Ley de reforma, en el grupo no hay ni un solo fiscal o representación de las asociaciones de fiscales, “quedando totalmente excluidos de un proceso del cual se supone su institución es una de las principales protagonistas.
Agrega que con el proyecto se destruye la independencia y autonomía que se ha logrado en todos los años de instauración de la carrera del Ministerio Público y se violentan derechos adquiridos y los principios constitucionales, pretendiendo armar un traje a la medida del actual gobierno.
“Preocupa que, hablando de garantías de la independencia del Ministerio Público -paradójicamente- se intente menoscabar la autonomía constitucional de la que goza su órgano de gobierno”, anota, en un comunicado.
Destaca que la eliminación de su base constitucional como órgano extra poder establecido de forma paralela al Consejo Superior del Poder Judicial, debido a la importancia y estructura jerárquica igualitaria, delegaría su existencia a la voluntad legislativa y partidaria lo que significaría ía un retroceso significativo en términos de protección institucional.
“El Consejo Superior del Ministerio Público, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada, lo que le permite operar con independencia de otras ramas del gobierno. Ello para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias políticas o presiones externas”, externa.
Asegura que la eliminación de su reconocimiento constitucional implicaría que su existencia y funcionamiento quedarían sujetos a cambios legislativos, lo cual podría vulnerar su capacidad de actuar de manera autónoma que ayuda a garantizar su independencia.
“Eficiencia y eficacia, este modelo es el más actualizado y democrático dentro de los modelos existentes y que es implementado en países como España, Italia y México”, comentó.
Precisa que, además, esta propuesta contraviene los precedentes constitucionales que han establecido la importancia de la autonomía del Ministerio Público -y, en particular, de su Consejo Superior.
“Estos precedentes han resaltado la necesidad de proteger a esta institución de injerencias que puedan comprometer su independencia y, por ende, la justicia misma”, manifiesta.
Afirma que, aunado a que la existencia del Consejo Superior, se vincula de manera directa a las reformas procesales que se han realizado en toda Iberoamérica, “puesto que la misma asegura que el Ministerio Público tenga el espacio institucional necesario para actuar de acuerdo con los principios del nuevo sistema procesal penal acusatorio”.
“Por tanto, pretender eliminar la base constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público y subordinar su existencia a la legislación ordinaria no pone en entredicho la autonomía de la institución, sino que también debilita las garantías de independencia necesarias para el correcto funcionamiento del sistema persecutor”
Dice que es imperativo que se mantenga el carácter constitucional del órgano de gobierno del Ministerio Público para asegurar que este continúe operando con la autonomía y efectividad que la justicia requiere.
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