El Ministerio Público depositó la apelación a la sentencia que sólo
impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó
que, en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le
imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400
salarios mínimos.
La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este
recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas
impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual,
además, absolvió a varios de los procesados.
“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión
emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado
por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló
Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga,
asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código
Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones,
empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho
establecidas por el legislador para resguardar el interés de la
sociedad.
Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que
se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y
la degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo
Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión,
una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios
mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez,
hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel
Mendez Pineda.
En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola
Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara
Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio
Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición
de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios
mínimos.
El órgano acusador pide una pena de cinco años de reclusión, y el
pago de una multa de 200 salarios mínimos, para Ramón Brea Morel (Jhonny
Brea), mientras que, para Lima Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy
Emmanuel Ramirez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez busca cinco
años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la
degradación cívica.
En cuanto a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez el
Ministerio Público solicita la imposición de dos años de prisión
suspendida y la degradación cívica, y a Rafael Antonio Germosén Andújar a
la pena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa de
200 salarios mínimos y la degradación cívica.
Para las personas morales Centro de Medicina Reproductiva Integral y
Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L., Editorama, S.A.S., R&T
Construcciones e lnversiones, S.R.L., el órgano acusador pide que se le
prohíba contratar con el Estado, su disolución, clausura y cierre, así
como la cancelación de sus licencias, derechos y autorizaciones
administrativas y estatales, además de una Multa de 200 salarios
mínimos.
Decisión del tribunal en primera instancia
En el proceso, las juezas establecieron que en la recolección de las
pruebas se cumplió con el debido proceso de ley, Medina Sánchez, quien
dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en
el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos
y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de
prisión.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena
de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda,
Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto
Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal
Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y
varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.;
General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL;
Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United
Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International
SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus
Electrical SRL; Contratas Solution Services CSS SRL; Constructora
Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction
PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la
prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y
Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán
pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el
procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y
condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de
la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el
domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago
de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
En tanto, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy
Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz
Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi
Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez,
José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y
Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
