Sin presupuesto, sin registro nacional de familias, con barreras en las
escuelas y altos costos de diagnósticos y terapias, miles de familias
viven en la desesperación. El país apenas cuenta con 19 psiquiatras
infantiles.
La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este cinco de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
sin que el Estado dominicano haya ejecutado aspectos esenciales de la
normativa, pese a su impacto sobre miles de familias en todo el país.
La organización, coordinada por el periodista Fernando Quiroz,
sostuvo que la ley fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5
de junio de 2023, pero que, sin embargo, el reglamento de aplicación,
pieza fundamental para hacer operativas sus disposiciones, fue emitido
con retraso varios meses después mediante el decreto 403-24, del 24 de julio de 2024.
incumplimiento
Entre los principales incumplimientos identificó
la ausencia de una asignación presupuestaria específica para ejecutar
la normativa, la falta de un registro nacional actualizado de personas y
familias con autismo, la inexistencia de programas permanentes de
formación de profesionales, la ausencia de una red nacional
especializada de servicios y los obstáculos que continúan enfrentando
muchas familias para acceder a educación inclusiva en condiciones
adecuadas.
La Mesa recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader expresó
públicamente que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General
del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante el año 2026.
Sin embargo, afirmó que las familias aún
esperan conocer las partidas, programas y acciones concretas que
permitan hacer realidad los derechos contemplados en la legislación.
Asimismo,
sostuvo que las evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas,
consultas médicas y servicios de apoyo continúan representando costos
inalcanzables para una gran parte de la población, convirtiendo en
muchos casos el acceso a estos servicios en un privilegio reservado para
quienes pueden asumirlos económicamente.
Dijo que la única excepción en favor de las familias ha sido el programa SeNaSa InTEgrA,
con la limitación de que cubre solo a 3,000 niños hasta los 10 años. No
obstante, consideró que esta iniciativa, aunque positiva, no sustituye
las obligaciones integrales establecidas por la Ley 34-23.
“La
República Dominicana tiene una ley y tiene un reglamento, pero miles de
familias continúan enfrentando prácticamente solas los costos, la
incertidumbre y las barreras que la propia legislación procura
eliminar”, indicó la entidad.
La organización recordó que la Ley 34-23 asigna responsabilidades específicas al CONADIS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, Oficina Nacional de Estadística y a las instituciones que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluyendo SeNaSa, las ARS y la DIDA.
También
destacó que la normativa contempla mecanismos de protección social,
ampliación de coberturas de salud, formación de recursos humanos
especializados, registro nacional, inclusión educativa, sanciones por
discriminación y centros de acogida para personas con TEA en condiciones
de vulnerabilidad.
“Detrás de cada
artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue
esperando respuestas. Hay padres que pagan terapias con enormes
sacrificios, madres que desconocen qué ocurrirá con sus hijos cuando ya
no estén, niños que enfrentan dificultades para ingresar o permanecer en
centros educativos y personas con autismo que aún no reciben muchas de
las garantías que la ley les reconoce”, expresó la Mesa de Diálogo por
el Autismo.
esperan respuesta
La entidad consideró que el presidente Abinader y las instituciones responsables tienen el deber de explicar al país las razones por
las cuales una legislación de tan alto impacto social continúa sin
alcanzar niveles significativos de ejecución tres años después de su
promulgación.
La Mesa de Diálogo por el Autismo también expresó su esperanza de que la primera dama Raquel Arbaje,
en su condición de presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y
Adolescentes, pueda interesarse en el seguimiento de la Ley 34-23 y
contribuir a impulsar los mecanismos necesarios para su ejecución
efectiva.
La entidad consideró que el
autismo constituye una causa humana y social que requiere la
participación activa de todas las instancias vinculadas a la protección
de la niñez y las familias.
Insistió en
que, sin presupuesto, sin registro nacional de familias, sin formación
especializada, con barreras en las escuelas y altos costos de
diagnósticos y terapias, miles de familias viven en la desesperación.
Una de las mayores preocupaciones es que durante los últimos años se ha ralentizado la expansión de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID),
institución que ofrece servicios altamente valorados por las familias,
pero que enfrenta una demanda superior a su capacidad de respuesta.
Igualmente,
la entidad advirtió que el país no está planificando ni formando la
cantidad de profesionales especializados que requerirá en los próximos
años para atender adecuadamente a una población cada vez más numerosa.
Como ejemplo, citó que República Dominicana cuenta con apenas 19
psiquiatras infantiles para atender las necesidades de miles de niños y
adolescentes.
La organización reiteró que
la inclusión, la salud, la educación y la protección social de las
personas con autismo no pueden seguir dependiendo exclusivamente de los
esfuerzos económicos y emocionales de sus familias, sino que requieren
la aplicación efectiva de una ley que ya existe y que fue concebida
precisamente para garantizar esos derechos.
Fuente Listin Diario
