El alza del petróleo, el costo de los subsidios, la presión interna en el PRM y las demandas sociales colocan al Gobierno dominicano en uno de sus momentos más complejos
Santo Domingo. El Gobierno del presidente Luis Abinader enfrenta actualmente presión “por las cuatro esquinas”, obligado a sortear al mismo tiempo dificultades económicas, tensiones políticas internas y conflictos sociales que amenazan con erosionar la estabilidad lograda en los últimos años.
La crisis internacional provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha colocado a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo una fuerte presión fiscal, debido al impacto directo del aumento de los precios del petróleo y el alto costo de mantener subsidiados los combustibles para evitar mayores efectos sobre la población.
Como respuesta, el Gobierno anunció un paquete de austeridad de RD$40,000 millones durante el 57.º Consejo de Ministros, que incluye recortes al gasto público, limitaciones en publicidad estatal, reducción de viáticos, compra de vehículos y disminución de contrataciones.
La medida más visible políticamente fue el recorte del 50 % al financiamiento público de los partidos políticos. Sin embargo, economistas y analistas sostienen que el ahorro generado por esa decisión representa apenas el 1.5 % del total del ajuste fiscal, por lo que el verdadero peso de la austeridad recaerá sobre el funcionamiento operativo del Estado.
La decisión generó reacciones divididas en el espectro político, pero los economistas advierten que su peso real dentro del ajuste es marginal.
Subsidios y petróleo presionan las finanzas públicas dominicanas
La situación más delicada continúa siendo el subsidio a los combustibles. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el Gobierno destina en promedio RD$1,300 millones semanales para contener los precios de las gasolinas y el gasoil.
El presupuesto destinado inicialmente a subsidios ascendía a RD$13,500 millones, pero la escalada internacional obligó a aprobar RD$10,000 millones adicionales, elevando el monto total disponible a RD$23,500 millones.
Aun así, las señales de presión ya comienzan a sentirse en la economía doméstica. Desde mayo, la gasolina premium acumula incrementos de RD$9.00 por galón, mientras el gasoil óptimo también registra alzas importantes.
El barril del petróleo WTI, referencia para República Dominicana, se mantiene por encima de los US$100, impulsado por las tensiones en el Estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio energético mundial.
La preocupación del Gobierno no se limita al precio de los combustibles. República Dominicana proyecta importar unos 77 millones de barriles de petróleo durante este año, lo que podría elevar la factura petrolera en cerca de US$2,695 millones adicionales, impactando directamente la balanza de pagos y aumentando las presiones inflacionarias.
Diversos sectores advierten que mantener indefinidamente el actual esquema de subsidios sería fiscalmente insostenible y obligaría eventualmente a transferir parte de ese costo a los consumidores, lo que podría provocar inflación superior al 6 % anual y desacelerar el crecimiento económico.
Oposición mantiene presión política
En medio del panorama económico, el Gobierno también enfrenta un escenario político complejo.
Aunque recientemente concluyó una primera ronda de diálogo entre el oficialismo, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana para abordar la situación económica derivada de la crisis internacional, quedó evidenciado que la oposición no reducirá su tono crítico frente a las medidas gubernamentales.
La estrategia oficial ha sido distinta a la aplicada durante la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. En aquella ocasión, el Gobierno apostó principalmente por subsidios y reducción de aranceles; ahora, la prioridad parece centrarse en la austeridad y el control del gasto público.
Tensiones internas en el PRM
La presión también proviene desde dentro del oficialista Partido Revolucionario Moderno.
La propuesta de extender por uno y dos años los mandatos internos de las autoridades partidarias ha generado rechazo en sectores de la base dirigencial, que consideran que la medida contradice los estatutos del partido y la Ley de Partidos Políticos.
El diputado y aspirante a la Secretaría General Nacional del PRM Eugenio Cedeño, rechazó cualquier intento de posponer la convención ordinaria de esa organización destinada a renovar las autoridades internas.
Precisó que la reciente decisión anunciada por la Dirección Ejecutiva del PRM, orientada a promover la extensión del mandato de las actuales autoridades partidarias, constituye un grave precedente político e institucional que contradice la esencia democrática del partido, vulnera principios constitucionales y desconoce disposiciones expresas de los Estatutos del partido.
Mientras la dirigencia argumenta que el contexto internacional y económico obliga a priorizar la estabilidad y evitar conflictos internos, dirigentes territoriales y sectores de base cuestionan que la decisión limite la democracia interna y postergue procesos previamente acordados.
La Dirección Ejecutiva del PRM tiene prevista una intensa agenda de reuniones esta semana para tratar de consolidar consensos y contener las tensiones internas.
Conflictos sociales y presión gremial
A la compleja situación económica y política se sumó recientemente la amenaza de un paro nacional de enfermería en los hospitales públicos.
El Gobierno logró desactivar temporalmente el conflicto luego de alcanzar acuerdos con los gremios sobre incentivos, cambios de asignación, pensiones y nombramientos pendientes desde hace varios años.
Aunque los sindicatos levantaron la convocatoria de huelga y declararon el retorno de la “paz laboral” en el sector salud, el episodio evidenció nuevamente el nivel de presión social que enfrenta la administración de Abinader en distintos frentes simultáneamente.
Detención del proyecto minero Romero
A principios de mes, Abinader dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, luego de que población de allí expresó un rechazo firme al proyecto minero de la empresa GoldQuest, debido a las graves consecuencias ambientales que podría generar en la región sur.
Comunitarios, productores agrícolas y diversos sectores aseguran que la posible explotación de la Mina Romero pondría en riesgo recursos naturales esenciales para la vida y la economía local.
En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.
Fuente Periodico EL Dia
