DNCD: hay familias completas que se dedican a la venta de drogas

Por Yanessi Espinal

En el país se ha hecho habitual la práctica de que familias completas se dediquen al negocio de la droga, reveló ayer el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo.

Sostuvo que esa práctica es, en parte, el producto del mal mensaje que se envía a la sociedad por la facilidad con que los jueces liberan los acusados de narcotráfico a pesar de las evidencias en su contra, lo que además derriba la fortaleza y energía con que se combate ese mal.

“Si los grandes narcos tienen una puerta giratoria y los medianos también, los de abajo tienen que seguir el ejemplo de lo que están mirando y lo que estamos viendo es una producción de eso: familias cuyos integrantes están dedicados a la venta y distribución de drogas”, observó.

Detalló el caso de los miembros de la familia Tontón Simeón, incluyendo que seis de sus integrantes, dos menores de edad y cuatro adultos, ubicada en el sector Los Praditos en el Distrito Nacional, viven del negocio de la droga.

Los hermanos Elena Tontón Simeón de 29 años, Joselín, de 28; Jhonny, 21 y Rafaela de 27, más dos menores de 9 y 11 años, hijos de la primera, viven de la venta y distribución de sustancias prohibidas y por eso todos han sido detenidos en más de una ocasión.
Elena ha sido apresada en diez ocasiones por la venta de drogas y actualmente está en libertad.

También puso como ejemplo el caso Abel José González, conocido como La Melaza, y su madre Zunilda Violeta González, residente en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Ambos fueron apresados por dedicarse al negocio de la venta y distribuición de droga.

Refirió que los informes de inteligencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas dan cuenta que otros miembros de esa familia también estarían involucrados en el narcotráfico.

Otro caso que citó fue el que se registró en Santo Domingo Este cuando la DNCD apresó a David Flores Castro, que usaba a su hijo de cuatro años para transportar sustancias narcóticas.

Rosado Mateo consideró que esa situación de que familias completas se dediquen al comercio de sustancias controladas, se debe a que a los grandes narcotraficantes no se les aplica Justicia ni a los medianos tampoco y que la clase más vulnerable lo que hace es seguir el ejemplo de lo que está viendo.

Uno de esos hechos, especificó, ocurrió el pasado lunes en Samaná, cuando el juez de instrucción de ese municipio dejó en libertad al acusado de narcotráfico Nadím Bezi, uno de los principales implicados en una red que en abril de este año fue desmantelada con todas las evidencias de su accionar.

En tono enérgico y con actitud de impotencia, Rosado Mateo reflexionó sobre las debilidades del Código Procesal Penal para combatir el narcotráfico en el país, durante una entrevista en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, que conducen Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe, y Manuel A Quiroz, director de El Caribe.

Reveló que también el pasado lunes un juez de Salcedo liberó al acusado La Melaza y a su madre, bajo el alegato de que su detención fue ilegal.

“Fueron apresados en flagrante delito, él tenía droga y su mamá también tenía la casa llena de droga y ese juez tuvo el tupé de soltarlos bajo el alegato de que el apresamiento era ilegal porque el arresto se produjo sin la presencia de un magistrado fiscal”, relató.

En ese sentido, el funcionario refirió que el artículo 224 del Código Procesal Penal dominicano otorga facultades a la Policía de detener a un sujeto que se considera está en flagrante delito.

Rosado Mateo también citó el caso del colombiano Juan Reinaldo Ramírez Rendón, apresado en el 2008 con 450 kilos de cocaína y condenado a 20 años de prisión, cuya medida posteriormente fue variada por un juez.

Dijo que ese mismo sujeto fue apresado nuevamente en el 2010 con 100 kilos de coca y que otra vez un juez le varió la medida de coerción y está en libertad.

“Lo que tenemos, lamentablemente, es un sistema procesal penal que permite todas esas discrecionalidades a los jueces, porque posiblemente no ha hecho nada ilegal, lo que ha hecho es aplicar el Código Procesal Penal como elemento garantista de los elementos individuales de un sujeto en contraposición a los derechos de una sociedad que está harta de esto”, reflexionó Rosado Mateo.

Dijo que ante la situación, que ha sido advertida por el jurista Marino Vinicio Castillo, así como por los colombianos y mexicanos, la sociedad dominicana debe levantarse.

También apeló a la conciencia de los jueces para que, ante el código, que calificó de extremadamente garantista, fundamenten sus decisiones en las teorías modernas que hablan de los derechos de la sociedad por encima de los individuales.

Las debilidades del Código Procesal Penal respecto a otros países, las ilustró con el caso de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) que a pesar de que no ha sido apresado con droga, dijo que tiene abierto un proceso por narcotráfico en Estados Unidos por las múltiples evidencias que existen de sus vínculos con el crimen organizado.

“Aquí usted le presenta eso a un magistrado y lo que le va a decir es que eso no es suficiente y le dice que se vaya para su casa”, se lamentó el presidente de la DNCD.

Aseguró que la labor de investigación que realiza junto al Ministerio Público le ha dado muy buenos resultados, razón por la cual el organismo antidrogas no tiene ningún tipo de choques con otras instituciones con las que tiene que trabajar.

Fuente El Caribe