El Ministerio Público
solicita un año de prisión preventiva por la presunta violación de varios
artículos de la Constitución de la República y el Código Penal Dominicano
mientras realizaban un allanamiento a una barbería de Villa Vásquez.
La Procuraduría General de
la República (PGR), informó que fue fijada para el próximo lunes la audiencia
para el conocimiento de las medidas de coerción a la exfiscal y cuatro agentes
de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acusados de cometer
irregularidades en un allanamiento realizado el pasado 2 de agosto en una
barbería del municipio de Villa Vásquez, en la provincia Montecristi.
La medida de coerción será
conocida por el Juzgado de la Instrucción de Montecristi este lunes 19 de
agosto a las 10:00 de la mañana contra la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña, el
mayor de la Policía Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios
Heredia Martínez, y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana Adan
Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente.
El Ministerio Público
solicita en su contra la imposición de un año de prisión preventiva por la
presunta violación de los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, 255 de la
Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la
dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así
como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal
Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares,
coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
Por este caso el Ministerio
Público y la Policía Nacional también persiguen a Carlos Daniel Estévez, alias
Mendañito, a quien pidieron que se entregue por las vías correspondientes.
A través del comunicado de
prensa, el Ministerio Público explicó que cuenta con diferentes evidencias,
tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido
establecer que presuntamente el grupo planificó y ejecutó la colocación de
drogas en dicho establecimiento, por lo que reiteró que la medida de coerción
más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por existir el
peligro de fuga.
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