El empresariado representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otras once organizaciones insisten en un diálogo profundo para analizar la reforma al Código de Trabajo y lograr el consenso en temas pendientes como la cesantía, mientras el sector sindical endurece su posición con un rotundo rechazo a cualquier modificación y anuncia que hará una vigilia en el Congreso.
En su propuesta, los empresarios no solo piden incluir el tema de la cesantía en el anteproyecto de ley, con una limitante de 6 años y un tope de10 salarios como base para el cálculo de las prestaciones por desahucio, sino también establecer un tope de seis meses de indemnización, que ahora es de diez días.
Otras opciones, según la propuesta presentada por los empresarios ante el Senado, la cual obtuvo este medio, son: Contemplar el registro como gasto deducible de la renta neta imponible de las empresas, el incremento del pasivo laboral incurrido durante el año fiscal y ampliación de período de prueba, eliminando el numeral 1 del artículo 80 del Código Laboral, para promover aumento de productividad y acorde al conocimiento requerido por el colaborador.
Asimismo, considerar un promedio de salarios devengados en lugar del salario del último año del trabajador y considerar otras opciones, como seguros o fondos, evaluando viabilidad en función de costo, sostenibilidad y alcance, y cualquier otra alternativa que busque equilibrar la protección del trabajador frente a la flexibilidad del mercado laboral.
También incluir un registro como gasto deducible de la renta neta imponible de las empresas, y tomar en cuenta el incremento del pasivo laboral incurrido durante el año fiscal.
Detalla el Listin Diario que en su visita al Senado, los dirigentes empresariales afirmaron su posición de mantener la cesantía preservando los derechos adquiridos y propusieron un régimen laboral alternativo que aplicaría exclusivamente a los nuevos contratos de trabajo. Los empresarios enfatizan que el actual código data de más de tres décadas y su modernización debe dar respuestas no solo a la alta informalidad, que pasa de un 56%, sino de fomentar la productividad y la competitividad y enfrentar el costo laboral de los asalariados. Afirmaron que la cesantía limita el incremento salarial en el tiempo y la formalidad laboral, lo que se traduce en una menor competitividad, al plantear su desacuerdo con el proyecto que reposa en una comisión en el Senado.
Plantean un tope de seis años, lo que cambiaría el numeral 4 del artículo 80, el cual trata sobre la cesantía. Ese artículo establece que después de un trabajo continuo no menor de cinco años, hay que pagar una suma igual a veintitrés días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado.
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