El reportaje del diario El Caribe trajo como título principal: "Convierten la revisión aduanera en un negocio privado, sin licitación".
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El proyecto de instalación de rayos x para la supervisión de los furgones que entran y salen por los puertos del país es un negocio particular, que involucra a empresas norteamericanas y a ciudadanos dominicanos, establecido mediante una concesión negociada en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y del que no se tienen detalles más que los aportados por el presidente de la República, Hipólito Mejía, en dos decretos de autorización.
Todo cuanto se conoce, hasta ahora, se debe a los decretos 898-02 y 336-03, mediante los cuales el presidente autoriza la concesión con la empresa ICSS, S.A, que nadie ha podido identificar más allá de sus siglas, dispone la tarifa que se cobraría por el servicio, y autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) a la facturación y cobro de los servicios a partir de la instalación de los equipos de rayos x.
El proyecto despertó la oposición de todos los sectores productivos del país, incluyendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Empresas Navieras, la Asociación de Empresas Industriales de Haina, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y hasta de organismos internacionales vinculados al comercio con los Estados Unidos.
En su decreto 898-02 el presidente Mejía argumenta que el Estado debe liberar al país del narcotráfico y el terrorismo, del tráfico y trasiego de armas, del lavado dinero, del contrabando y del tráfico y carga ilícitas y prohibidas, así como el tráfico de seres humanos.
Según ese decreto la empresa ICSI, S.A. presentó una propuesta a las Fuerzas Armadas Dominicanas para reforzar la seguridad en los puertos mediante la utilización de tecnología de digitalización de imágenes de rayos x. El proyecto se conoció y aprobó por su relación con la seguridad nacional, y por eso la participación de las Fuerzas Armadas, y no porque el país requiere de un comercio marítimo seguro para sus intercambios con los Estados Unidos y otros países.
La concesión firmada por las Fuerzas Armadas con la desconocida empresa ICSI, S.A. no ha sido dada a conocer, por razones propias, aunque fue firmada el 18 de julio del año pasado. Lo que dice el decreto presidencial es que esa empresa cobrará, en nombre del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), los servicios de verificación de contenedores con rayos x que serán instalados en todos los puertos del país.
El cobro incluye los contenedores vacíos, automóviles, vans y camiones, de acuerdo con sus dimensiones. Cada vehículo deberá pagar un equivalente a 26.25 dólares, los camiones de 10 pies pagarán 42 dólares y los de 20 pies 63 dólares, así como los de 40 y 45 pies que pagarán 95 dólares. Todos estos pagos son adicionales a los que se pagan por concepto de otras leyes, y el dinero irá a parar a las cuentas de la empresa ICSI.SA.
La empresa, desconocida, pagará al Estado una compensación de un 5% mensual sobre el monto total recaudado. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 10178 del pasado 14 de noviembre, a pesar de que el decreto fue emitido el 12 de noviembre.
Fuente acento.com
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