SANTO DOMINGO.- El juez José Alejandro Vargas declaró
hoy inadmisible la solicitud de homologación del acuerdo entre la Procuraduría
General de la República y la constructora brasileña Odebrecht, mediante el cual
se pretendía obviar la persecución penal por los sobornos admitidos por la
firma extranjera.
El juez consideró que son improcedentes las
pretensiones del Ministerio Público y de la empresa “imputada” Odebrecht de que
se homologue el acuerdo con base en el artículo 37 del Código Procesal Penal,
pues se trata de un “instituto legal” creado para buscar la concordia entre
denunciantes, víctimas, querellantes y querellados y no para ser utilizado por
el órgano persecutor como “criterio de oportunidad” para prescindir del
ejercicio de la acción penal, máximamente cuando las propias partes, que
proponen el acuerdo, reconocen que se trata de acciones graves”.
Asimimso, ordena la devolución del acuerdo a las
partes que lo han convenido a los fines de que lo promuevan al amparo del
procedimiento establecido para los casos que conforman la gravedad de los
hechos que se investigan.
El magistrado Vargas aclaró que no se trata de un
rechazo a la facultad que tiene el Ministerio Público para llegar a acuerdos
con imputados, sino que no fue correcto el procedimiento escogido para que se
proceda a la homologación, por lo que en este caso se necesita de otro "remedio
procesal" de mayor rigurosidad jurídica.
La sentencia establece: “Se declara inadmisible el
procedimiento de homologación de acuerdo usado por el Ministerio Público y la
empresa imputada Odebrecht, en virtud de que el instituto jurídico de la
conciliación, artículo 37 del Código Procesal Penal, en el cual fundamentan sus
pretensiones, fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre
denunciantes, querellantes y querellados cuando los hechos que les atañen
corresponden a la siguiente naturaleza: 1- contravenciones, 2- infracciones de
acción privada, 3- infracciones de acción pública a instancia privada, 4- homicidio
culpuso, 5- infracciones que admiten condicionante de la pena, infracciones en
las que el representante de la sociedad para proceder, debe contar con el
requerimiento de una instancia privada, una denuncia o una querella”.
La Procuraduría General alcanzó un acurdo con
Odebrecht mediante el cual la multinacional brasileña se compromete a pagar 184
millones de dólares, equivalente al doble de los 92 millones destinados a
sobornar funcionarios entre el 2001 y 2014, a cambio de que no se le persiga
penalmente por el delito cometido. Fuente 7Dias.com
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