El Gobierno dominicano informó que los pagos totales
a las empresas de Joao Santana y Monica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17,
negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.
“Es vidente la mala intención de los referidos
diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a
las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación
que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón
Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la
sesión de la Cámara de Diputados.
El Gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron
las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito
alguno.
Según la comunicación del Administrativo, los
contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en
atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidencia Danilo
Medina, que buscaba la reelección.
“Los procesos judiciales en su contra empezaron después
de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal
sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que
empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como
pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los
contratos”, indica la comunicación.
La carta del Gobierno llega en respuesta a la
diputada Faride Rafúl, quien denunció que le habían pagado hasta RD$1,400
millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por casos de
corrupción y lavado de activos. Listin Diario
A CONTINUACIÓN LA CARTA COMPLETA
Honorable
Rubén Maldonado Díaz
Presidente de la Cámara de Diputados
de la República Dominicana
Su Despacho
Honorable señor Presidente:
Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a
los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las
informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a
las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del
Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de
Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en
respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en
curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y
Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a
poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.
Mediante comunicación separada le estamos remitiendo
a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General
de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir
con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones,
sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las
tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su
proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los
medios de comunicación.
Lo primero a señalar es que las informaciones a que
se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues
estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril
de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al
honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de
febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la
honorable Diputada Faride Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud
de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al
Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara
legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una
simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia
al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la
información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de
la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio
del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.
En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo
primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por
parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General
de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales
aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación
y pago en la Administración Pública. Hay que decir, además, que los pagos
realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios
prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y
que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron
sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas
empresas ni contra sus titulares.
Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del
proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados
antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se
solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio
Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’.
Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo
con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este
tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública.
En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06
sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún,
se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos
servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en
condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación
a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación
legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición
de cuentas.
2) En su informe, los indicados diputados han
difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio
Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó
la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las
empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de
la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años
que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos,
ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil
setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual
se desglosa de la siguiente manera:
Empresa Contratada Institución Contratante Monto
Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la
Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación
RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de
la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de
Comunicación RD$ 35,762,850.00
Es vidente la mala intención de los referidos
diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a
las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación
que evidencia claramente los pagos realizados.
3) En cuanto al alegato de que dichos contratos
siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la
información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de
diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta
enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale
aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue
que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en
la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo
que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al
mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede
decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato
inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.
4) Los referidos diputados han alegado que las
empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas
que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país
de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al
respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores
… -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se
produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los
procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran
rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se
haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en
su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios
prestados durante la vigencia de los contratos.
5) En en lo que respecta a la acusación de que la
memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014
no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal
Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período
2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite
publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite
aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos
que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer
cualquier información particular que se le solicite..
Honorable señor presidente: agradecemos de antemano
la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su
disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos
a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros
sentimientos de la más alta estima y consideración.
Atentamente,
José Ramón Peralta F.
Ministro Administrativo de la Presidencia
Roberto Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación
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