Lima, Perú. Tras cinco años desde que la Operación
Lava Jato detonó un esquema de corrupción en Brasil, las esquirlas siguen
esparciendo el escándalo en América Latina, donde no solo ha destronado a altas
figuras de la política y los negocios, sino que se ha cobrado al menos una
muerte, mientras otras siguen bajo investigación.
La región hizo propio el caso desde que la
constructora Odebrecht, protagonista de la megacausa brasileña, admitió en 2016
haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una decena de países
latinoamericanos y dos africanos.
Hasta entonces, el gigante de Brasil operaba en 26 países
como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y
estadios y hasta como fabricante de submarinos. Pero fue la exportación de su
modelo de corrupción lo que popularizó su nombre.
El reparto, que dejó la mayor suma en el país de
origen y tuvo como principales destinos Venezuela, República Dominicana y Panamá,
ha tenido repercusiones desiguales en las distintas naciones implicadas.
– Páginas oscuras –
En Perú, la constructora declaró un pago de 29
millones de dólares. Fue allí que el caso derribó en 2018 por primera vez a un
mandatario, cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia cercado por la
oposición.
Este miércoles, el expresdidente, que cumple detención
preliminar, fue hospitalizado de emergencia en una clínica local a raíz de una
crisis hipertensiva.
Perú acababa de convertirse el mismo día en escenario
de la primera muerte aparentemente relacionada en forma directa con el caso. El
expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011) se quitó la vida de un disparo
antes de ser detenido en el marco de una investigación por supuestas coimas en
la construcción del metro de Lima.
El país ha sido testigo en los últimos tiempos de las
derivaciones más ruidosas del caso Odebrecht, con la detención en octubre de la
líder de la oposición, Keiko Fujimori. A eso se suma la investigación por parte
de la Justicia de los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta
Humala (2011-2016).
Pero el caso de la constructora brasileña también ha
sumado páginas oscuras por otros lares. En Colombia, que recibió 11 millones de
dólares en sobornos según Odebrecht, y 32,5 millones de acuerdo con la fiscalía
local, el escándalo tomó un giro dramático.
En noviembre, Jorge Pizano, testigo clave y auditor
del consorcio que formó la firma brasileña junto con una firma local para
construir una autopista millonaria, murió por ingerir cianuro. Tres días más
tarde, su hijo también falleció envenenado por beber la misma botella. Ambas
muertes rodeadas de controversias están bajo investigación.
Otro testigo clave, el exsecretario de Transparencia
de la Presidencia de Colombia, Rafael Merchán, se suicidó en diciembre con
cianuro.
Frente al impedimento del cuestionado fiscal general,
algunos de los expedientes del caso Odebrecht han sido asumidos por un
investigador especial.
Ecuador es otro de los países en los que el caso ha
escalado a altos niveles de jerarquía. El exvicepresidente Jorge Glas fue
sentenciado a mediados de diciembre de 2017 a seis años de prisión por cobrar 13,5
millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que habría pagado un total de 40
millones.
Según la oficina del fiscal, 22 personas están
detenidas y 24 casos han sido abiertos. Tomislav Topic, un empresario, se
comprometió en febrero a entregar al estado 13,5 millones de dólares pagados
por el grupo, de los cuales desconocía su origen ilícito.
En los países de la región, las ramificaciones de
Odebrecht siguen impulsando procesos judiciales a políticos encumbrados y
hombres de negocios.
Según la justicia brasileña, la causa madre, el Lava
Jato, sumaba hasta marzo 1.196 órdenes de detención, 548 pedidos de cooperación
internacional, y un total de 242 condenas contra 155 personas. Fuente AFP
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