Hace varios años que el Ministerio Público investiga a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por denuncias en su contra por alegadas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Durante
el 2021 y 2022, el Ministerio Público responsabilizaba al exministro de
Hacienda en actos de asociación de malhechores, coalición de
funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos
públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción
administrativa.
El exfuncionario del Gobierno de Medina es parte de una investigación que involucra también al exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo, y que dirige personalmente la procuradora general, Miriam Germán Brito, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Guerrero fue interrogado en diversas ocasiones en torno a su declaración jurada de bienes que supera los 750 millones de pesos, que el Ministerio Público asegura que es irregular.
La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del titular de director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, “pero las indagatorias se extienden a otros hechos”, de acuerdo con la información de la PGR.
GONZALO CASTILLO.
En septiembre del 2020, la Procuraduría General de la República fue
apoderada de un expediente sobre presuntas irregularidades cometidas en
el exaspirante presidencial del PLD, cuando se desempeñó como ministro
de Obras Públicas.
Para esa fecha, el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, depositaron ante el órgano persecutor del Estado los documentos de una investigación relacionada con la compra irregular de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo.
“Dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de once mil quinientos millones de pesos, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”, reveló Carlos Pimentel al visitar la PGR.
Pimentel argumentó, también, que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.
Fuente N Digital
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