La organización asegura que eso se traduce en construcciones carentes de condiciones y estándares básicos
El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), aseguró ayer que “uno de los serios problemas en la República Dominicana –que se expresa a menudo en la mala calidad, por ejemplo, de muchas de las viviendas que construye la gente- es que nadie quiere que le supervisen ni le dirijan”.
“La gente, en los sectores populares y en los pueblos no busca ingenieros para que les construyan, porque entiende que con un ingeniero y un arquitecto la obra sale más cara. Y eso no es cierto, porque un ingeniero y un arquitecto ofrecen las garantías de que su obra va a estar bien; va a tener los permisos de rigor y va a tener los diseños que lleva una obra, porque eso es lo que nos enseñan”, dijo el presidente del Codia, Cristian Rojas, en la entrevista Especial de elCaribe-CDN.
La agrupación quiere asegurarse de que la ley que le sirve de “sombrilla” sea endurecida, y para ello entregó un proyecto de reforma al presidente del Senado, Eduardo Estrella, hace más de un año, sin que a la fecha haya sido colocado en la agenda de debates. Eso lo dijo Rojas en el encuentro.
“Nosotros somos asesores del Estado, cuando el Estado lo requiere, pero aquí nadie quiere que lo supervisen, nadie quiere que lo dirijan, y mucho menos que lo fiscalicen. Por ejemplo, en la ley 340-06, de Contrataciones Públicas, somos veedores, pero no nos llaman en ningún proceso, ni para chequear ningún proceso de contrataciones”, resaltó.
Acudió a la entrevista junto a Carlos Eligio Mendoza y Manuel Inoa Liranzo, miembros directivos del gremio. Inoa Liranzo es -a la vez- coordinador del Primer Congreso Internacional de Terremotos y Vulnerabilidad, que se realizará del 22 al 25 de junio, en Punta Cana.
Hace varios días el Codia pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), crear un organismo que persiga a personas que construyan obras ilegales. Y lo hizo con sobrada razón: A inicios de este mes, un edificio de cuatro niveles en proceso de construcción se derrumbó en la Calle Los Maestros #16, Villa Valdez, municipio San Cristóbal.
Es apenas uno de muchos casos que han ocurrido en la historia del país, por falta de rigor al construir, seguido esto de una pobre sanción que amedrente a quienes incurran a posteriori en semejante “aventura”. El Ministerio de Obras Públicas informó días después que el edificio en cuestión no tenía permisos de esa institución; tampoco los había emitido el Ministerio de la Vivienda (Mived).
El propio Cristian Rojas, presidente del Codia, aseguró que le faltaban columnas en la escalera y otros componentes fundamentales.
Las quejas emitidas ayer por el Codia van más allá de un señalamiento a los constructores; abarcan al Mived. “Le hemos solicitado que sea más estricto con las obras que carecen de los permisos adecuados”, sostuvo Rojas.
Sobre la solicitud formulada a la PGR dijo: “La hicimos porque son demasiados casos de construcciones ilegales en este país. La mayoría de las construcciones que se hacen son construcciones ilegales y tenemos que poner freno a eso. Aquí la gente sólo atiende las cosas cuando se ponen en manos de la Justicia. Hay que evitar que ese tipo de construcción se siga haciendo”.
Y agregó: “Es que la mayoría de las personas no quiere legalizar las obras. Hay muchas ilegales en el país y muchos proyectos, especialmente en la zona Este, que es la que más se desarrolla. Parece que el Ministerio de la Vivienda no tiene las estructuras para dar seguimiento a esto, por ser un ministerio de reciente creación”.
Ojo con los cabildos
Cristian Rojas dejó claro que el primer organismo que da un permiso en República Dominicana es el ayuntamiento, que otorga el aval para uso de suelo, “pero el ayuntamiento no supervisa, sino que esas funciones están delegadas al Ministerio de la Vivienda”.
“Hasta ahora, ese ministerio no ha dado la supervisión que tiene que dar a las obras en el país”, aseguró el presidente del Codia. Lo dijo sin rodeos.
Explicó: “Las leyes que crean el gremio que reúne a los ingenieros, arquitectos y agrimensores dominicanos, entre ellas la 61-60, del 11 de enero de 1963, en la que se dice que es asesora del Estado y guardián del interés público en lo referente a ingeniería, arquitectura y agrimensura en República Dominicana; y la ley 62-00 y la 62-01 no les otorgan mecanismos de coerción”.
“En este país, usted va y coloca un letrero, indicando que una obra está detenida por violación a la ley 62-00, que es la ley del ejercicio profesional de la ingeniería, y desde que usted da la espalda, le quitan el letrero que usted le colocó y se lo botan”, se quejó.
Resaltó que recientemente el Codia estuvo en Las Terrenas, provincia Samaná, dando seguimiento a una obra, a la que luego puso un letrero de paralización por estar “fuera de regla”, y cuando la institución regresó al lugar -30 días después- la obra en cuestión estaba terminada, sin contar con los permisos de construcción y sin los permisos de nivel. Y nada pasó. No hubo consecuencias.
Indicó que muchas veces, cuando el cabildo otorga el permiso de suelo, con ese mismo permiso, luego del pago de arbitrios, por parte del interesado al ayuntamiento, el propietario termina la obra.
“Ahora también el Ministerio de Medio Ambiente está cobrando un arbitrio a ciertas obras que necesitan un permiso ambiental”, dijo el principal dirigente del Codia en el diálogo periodístico.
Cuándo se le pregunta si en el país se le perdió el respeto al Codia, y a la función que está llamado a desempeñar, su respuesta fue: “Aquí se le perdió el respeto no solo al Codia… Aquí no hay ninguna institución a la que se respete”.
“Y por eso estamos solicitando que haya una procuraduría especializada. Para que haya consecuencias, porque la ley 62-00, en el artículo 24, contempla penalidades”, agregó.
El Codia asegura que está llevando un registro de las obras que no “andan por el libro”, porque esa institución le entrega una notificación a cada obra a la que visita. “Y no nos hacen caso”, indicó.
Fuente El Caribe
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