Esta subvención del Estado a la iglesia era o es muchas veces menos de lo que el imaginario social piensa".
Así responde el secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano José Joaquín Domínguez Ureña, cuando se le pregunta sobre la subvención que recibe la Iglesia católica por efecto del Concordato, el acuerdo entre el Estado dominicano y la Santa Sede que en junio próximo cumplirá 70 años.
Firmado el 16 de junio de 1954, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, arrastra cuestionamientos de sectores que lo catalogan de privilegio, injerencia en asuntos del Estado y discriminación contra otros grupos religiosos.
Desde el primero de sus artículos, que designa a la religión católica, apostólica y romana como la de la nación dominicana, abarca una serie de prerrogativas en el ámbito educativo, financiero, social y legal que, bajo alegato de inconstitucionalidad, en más de una ocasión, han sido atacadas, sin éxito, en los tribunales.
Una de sus disposiciones compromete al Estado a una subvención mensual para los gastos de administración de la iglesia, además de exenciones impositivas.
"El Gobierno dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro", dice el artículo VII del Concordato.
"Además, el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres", añade.
Conocer el monto que ha supuesto o supone esa subvención es casi imposible.
Fuente Diario LIbre
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