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Detectan irregularidades en licitaciones del Inabie de 2024

 

 La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República informó que detectaron distintas violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) durante el año 2024.

 Mediante un informe, realizado junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la unidad manifestó que se identificaron indicios relevantes de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes.

 A través de un comunicado de prensa, se informó que los análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales. Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

 

“Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas. Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados”, reseña el documento de prensa.

De acuerdo al Listin Diario, la nota señala que, “en virtud de la gravedad de estos hallazgos”, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.

Durante el desarrollo de la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.

Según el comunicado, estos indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados del proceso de contratación.
 
 Además, indicaron que estas acciones comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas, y constituye una infracción a la normativa vigente, razón por la cual estos hallazgos también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

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