Congresistas aseguran que la justicia requiere la nueva normativa y que cualquier modificación puede hacerse posteriormente sin frenar su aplicación
Santo Domingo, RD. – Tras más de dos décadas de debates, cientos de horas de estudio en comisiones, múltiples intentos fallidos y una de las discusiones más polarizantes que ha vivido el Congreso Nacional, el nuevo Código Penal enfrenta ahora un nuevo capítulo: el intento de algunos sectores de aplazar su entrada en vigencia, prevista para el próximo 3 de agosto.
Sin embargo, parte de quienes estuvieron en el largo proceso legislativo rechazan esa posibilidad.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, y el diputado oficialista Ramón Bueno coincidieron este lunes en que la pieza debe comenzar a aplicarse en la fecha establecida y que cualquier aspecto susceptible de mejora puede corregirse posteriormente mediante modificaciones legislativas.
La posición de los legisladores surge luego de que diversos sectores, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio Médico Dominicano, plantearan la necesidad de revisar algunos artículos e incluso aplazar la entrada en vigor de la ley mientras se conocen acciones de inconstitucionalidad.
Para Ricardo de los Santos, el país ya no puede seguir esperando. El presidente del Senado recordó que toda legislación es perfectible, pero insistió en que retrasar nuevamente la aplicación del Código solo dejaría a la justicia sin herramientas para perseguir modalidades delictivas que no están contempladas en la legislación vigente.
En la Cámara de Diputados, el vocero oficialista, Amado Díaz, sostuvo que quienes consideren que existen disposiciones contrarias a la Constitución tienen derecho a acudir a los tribunales, pero entiende que no es razonable detener toda una normativa por diferencias sobre uno o dos artículos.
A su juicio, cualquier error podrá corregirse más adelante sin frenar la entrada en vigencia del Código.
En la misma línea, el diputado Ramón Bueno recordó que la reforma fue ampliamente discutida durante años entre ambas cámaras legislativas y con distintos sectores de la sociedad.
Consideró que el Congreso finalmente logró consensuar una legislación que el país llevaba décadas esperando.
Más de 20 años discutiendo el Código Penal
La reforma del Código Penal se convirtió durante más de dos décadas en uno de los proyectos más difíciles de aprobar en el Congreso Nacional.
La iniciativa pasó por numerosas comisiones bicamerales y especiales, sufrió modificaciones en distintas legislaturas y, en varias ocasiones, fue aprobada para luego ser observada por el Poder Ejecutivo o quedar perimida al concluir los períodos legislativos.
Uno de los principales puntos de confrontación fue la inclusión o exclusión de las tres causales para permitir el aborto cuando la vida de la madre estuviera en peligro, el embarazo fuera consecuencia de violación o incesto, o el feto presentara una condición incompatible con la vida.
Ese debate dividió profundamente a la sociedad dominicana entre organizaciones feministas y grupos progresistas, que exigían incorporar las excepciones, y sectores religiosos y conservadores que defendían la penalización absoluta del aborto.
Durante años, ambas posiciones protagonizaron manifestaciones frente al Congreso Nacional, vigilias, campañas públicas y jornadas de presión sobre los legisladores.
Las diferencias impidieron en varias ocasiones que el proyecto llegara a convertirse en ley, prolongando uno de los debates legislativos más extensos de la historia reciente del país.
"No puede volver a retrasarse"
Tras lograr finalmente la aprobación del Código Penal, los congresistas que participaron durante años en su discusión consideran que un nuevo aplazamiento significaría retrasar proceso que costó décadas de consenso político.
Aunque algunos sectores han centrado sus cuestionamientos en artículos específicos, dentro del Congreso también existe la percepción de que hay intereses que buscan impedir la entrada en vigencia de una legislación que endurece penas, incorpora nuevos tipos penales y amplía las herramientas del Ministerio Público y los tribunales para perseguir delitos que no estaban contemplados en el antiguo Código.
Fuente Periodico El Dia
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