Nuevo Código Penal endurecería sanciones contra clínicas por mala práctica y fallas en supervisión

 

El abogado Erik Raful advierte que los centros de salud podrían enfrentar multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso el cierre definitivo si incumplen sus obligaciones

 

Santo Domingo, RD. – Las clínicas y demás centros de salud privados enfrentarán un régimen de mayor responsabilidad penal con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, según explicó el abogado Eric Raful, quien aseguró que las sanciones ya no recaerán únicamente sobre el médico tratante, sino también sobre las instituciones que incumplan sus deberes de supervisión y control.

Raful señaló que, en casos de mala práctica médica o cuando una persona sin las debidas credenciales realice procedimientos médicos dentro de un centro de salud, la clínica podría ser objeto de severas consecuencias legales, incluyendo la suspensión de servicios, la cancelación de su habilitación y, en los casos más graves, el cierre definitivo.

"Las instituciones prestadoras de servicios de salud pasan a tener responsabilidad penal. Incluso puede ordenarse su disolución cuando exista una omisión grave en sus obligaciones de vigilancia y control", afirmó durante una entrevista en el programa El Día.

 El jurista explicó que el nuevo marco legal contempla multas de hasta 1,500 salarios mínimos para las personas jurídicas, además de la prohibición de continuar ofreciendo determinados servicios o, incluso, operar de manera permanente cuando se comprueben violaciones graves.

 

Uno de los principales cambios, destacó, es que las clínicas deberán demostrar que cuentan con programas permanentes de cumplimiento normativo (compliance), capacitación del personal, auditorías internas y protocolos de supervisión para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida o la salud de los pacientes.

"El único mecanismo de defensa será demostrar que la institución hizo todo lo necesario para evitar que ocurrieran estos hechos, mediante entrenamiento constante, controles internos y sistemas de supervisión independientes", sostuvo.

Raful indicó que esta transformación busca fortalecer la protección del derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 61 de la Constitución, y adaptar la legislación dominicana a estándares internacionales sobre responsabilidad de las personas jurídicas.

Asimismo, consideró que el debate no debe centrarse en impedir que los médicos sean demandados, sino en fortalecer los protocolos y garantizar que tanto los profesionales como las instituciones actúen conforme a las normas establecidas.

Durante la entrevista también advirtió sobre la proliferación de establecimientos que ofrecen procedimientos médicos sin reunir las condiciones requeridas, una práctica que, de comprobarse, podría derivar en sanciones penales y el cierre definitivo de esos centros bajo el nuevo Código Penal.