Según el expediente, el dinero habría sido entregado por el testigo Roberto Canaán, pieza clave en el caso SENASA
Santo Domingo. El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Canaán, testigo del caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
Según un documento oficial del órgano acusador, el 13 de marzo el imputado concretó una reunión en el parqueo de un centro comercial, donde abordó el vehículo del testigo Roberto Canaán. Durante el encuentro, utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades con el objetivo de establecer una posición de dominio.
Roberto Canaán figura como testigo número 4 en la solicitud de medida de coerción, en la que aparecen los imputados del caso SENASA (Cobra). Con su testimonio se busca probar el mecanismo de influencia interna y el origen ilícito de fondos que habría caracterizado la gestión de Santiago Hazim, señalado como principal imputado del caso.
Durante esa reunión, el investigado Aurelio Valdez Alcántara propuso de manera explícita alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo.
Peticiones de lujo
La exigencia económica se fijó inicialmente en 200,000 dólares, suma que luego redujo a 150,000 dólares tras una negociación.
En ese proceso también mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negro. Además, rechazó opciones más económicas como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en un modelo de alta gama.
Posteriormente, el procurador fiscal habría ejercido coacción continuada mediante conversaciones telefónicas. El 18 de marzo dio seguimiento al acuerdo, presionando con la frase “¿para cuándo está la cosa?” y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de marzo.
Para asegurar el cumplimiento, advirtió sobre la inminencia de la judicialización del caso, condicionando la impunidad al pago del soborno.
Allanamientos en su vivienda
Un equipo del Ministerio Público realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, ubicada en un residencial de Santo Domingo Este, con el objetivo de encontrar evidencias útiles, pertinentes y relevantes para la investigación.
Entre los elementos incautados figuran dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, computadoras, discos duros, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y documentos.
Durante el operativo fueron ocupados diversos aparatos y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes de extracción, captación, grabación y transcripción de comunicaciones, mensajes, datos, imágenes, videos, audios y cualquier tipo de archivo relacionado con las infracciones investigadas, constituyendo evidencia digital clave.
Los objetos ocupados están siendo analizados por miembros de la Dirección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), como parte del proceso investigativo.
La jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conocerá este lunes a las 2:00 de la tarde la solicitud de medida de coerción contra Valdez Alcántara.
El pasado sábado, el procurador de corte Wilson Camacho expresó a través de la red social X (antes Twitter): “La corrupción es mala siempre. Los corruptos no tendrán lugar donde esconderse y el castigo los alcanzará sin excepción. Nadie es intocable; no habrá tolerancia ante quienes traicionen la confianza pública”.
En tanto, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad de los miembros del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.
“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa”, afirmó.
“En este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, agregó Reynoso.
Fuente Periodico El Dia
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